Al final, presentó los papeles. A principios de semana, y luego de varios meses de dilaciones propias de sus desprolijidades, Amado Boudou completó el trámite que adeudaba por lo que a partir de los próximos meses comenzará a cobrar la pensión que le corresponde por su paso por la Vicepresidencia, que asciende a $140.000 por mes sin los descuentos.
Según confiaron a Infobae fuentes oficiales, Eduardo Durañona, apoderado y abogado del ex vicepresidente, presentó anteayer los papeles que faltaban para completar el expediente del ex funcionario, que hasta ahora tenía trabada la Asignación Mensual Vitalicia que le otorga el Estado, y que depende del Ministerio de Desarrollo Social.
La primera notificación no había sido respondida por el ex vicepresidente en su domicilio de Puerto Madero. Y luego su abogado había omitido presentar algunos papeles.
Con el trámite ya completo, y aprobado por el Gobierno, Boudou no sólo embolsará el monto en cuestión cuando empiece a cobrar mensualmente. Sino que también cobrará un millón de pesos acumulados retroactivos a diciembre del año pasado, cuando dejó el cargo.
En el escrito presentado esta mañana ante el juez Sergio Torres, que lo investiga por la compra de 19 autos de alta gama cuando lideraba el Ministerio de Economía, Boudou aseguró vivir de los $30.000 que percibe como licenciado en Economía. El ex funcionario enfrenta además múltiples procesos judiciales. El juez Ariel Lijo, por caso, envió la causa Ciccone al fiscal Jorge Di Lello para elevarla a juicio oral. El mismo juez también investiga su patrimonio y el de su entorno en el expediente por enriquecimiento ilícito.
En las últimas semanas, Infobae publicó que la ex presidente Cristina Kirchner percibe dos pensiones: una por sus dos gestiones y otra como viuda de Néstor Kirchner. En estos días, el Gobierno recibió un pedido de informes de la diputada Margarita Stolbizer, que quiere saber si hay incompatibilidad en el cobro de ambas jubilaciones por parte de la ex presidente. El Poder Ejecutivo contestaría en los próximos días que no es incompatible. El Ministerio de Desarrollo Social podría pedir la opinión de algún otro organismo estatal.