El nuevo Documento Nacional de Identidad digital (DNId) busca cambiar la forma en que empresas, bancos, notarías, entidades públicas y otros servicios verifican la identidad de los ciudadanos. La propuesta del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) apunta a que cada persona autorice de manera directa qué información entrega durante un trámite, sin que una organización consulte de forma automática una base de datos estatal.
La iniciativa abrió preguntas sobre la seguridad del código QR y la posibilidad de que terceros accedan a información sensible. La jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, sostuvo que el sistema no pretende ampliar la circulación de datos personales, sino limitarla. Según explicó, el ciudadano tendrá la opción de aceptar, rechazar o restringir los campos que una institución solicite para validar su identidad.
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El debate surge en un contexto en el que distintas entidades requieren datos como nombre, número de documento, domicilio, nacionalidad, estado civil o fotografía para brindar servicios. Velarde advirtió que el RENIEC recibe al menos 100 solicitudes diarias de personas que quieren saber qué organizaciones consultaron su información. La entidad no puede identificar a quienes realizaron esas búsquedas, debido a las normas de protección de datos personales.
El ciudadano podrá autorizar solo los datos necesarios para cada trámite
El eje del DNI digital será el consentimiento del titular. Cuando una empresa o institución necesite comprobar una identidad, deberá solicitar los datos específicos que requiere. La persona recibirá una petición de validación en su teléfono y decidirá qué información habilita mediante una verificación con PIN, huella dactilar o reconocimiento facial, según las funciones disponibles en el dispositivo.
El mecanismo busca aplicar el principio de proporcionalidad en el tratamiento de la información. Si un establecimiento necesita emitir una boleta, por ejemplo, podría requerir el nombre y el número de documento, pero no necesariamente el domicilio, la nacionalidad o el estado civil. La entidad que solicite información deberá explicar cuál es la finalidad del pedido, cómo protegerá los datos y de qué forma los almacenará.
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Velarde afirmó que el objetivo es que “los datos tienen que ser del ciudadano”. Bajo este esquema, la validación no se basaría en un acceso abierto y permanente a los servidores del RENIEC. El titular mostraría su credencial desde el celular y autorizaría el envío de los campos requeridos para esa operación. La plataforma, además, conservaría un registro de la transacción, con la entidad que recibió la información, los datos compartidos y la fecha y hora de la autorización.
El QR no entrega información automática, según la explicación del RENIEC
Uno de los principales cuestionamientos se concentra en el uso de códigos QR durante el proceso de identificación. La preocupación parte de la posibilidad de que una persona fotografíe, reenvíe o escanee ese código sin la debida autorización. La titular del RENIEC rechazó que el QR, por sí solo, permita obtener todos los datos del ciudadano o que constituya una vulneración automática de la reserva de la información.
“El QR no se lo das a cualquiera”, señaló Velarde al referirse a las medidas de uso previstas. El código se genera dentro de un proceso de validación y no sustituye la aprobación del titular. La entidad que busca verificar la identidad debe indicar los datos que necesita, mientras que el ciudadano revisa la solicitud desde la billetera digital y confirma o deniega el intercambio.
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La diferencia con otros mecanismos está en que el ciudadano no tendría que entregar una fotocopia de su documento ni dejar una imagen de su DNI en manos de terceros. La propuesta también busca reducir el uso de datos biométricos por parte de empresas privadas. Notarías, bancos y compañías de telecomunicaciones suelen recurrir a consultas de información o verificaciones mediante huellas; el nuevo modelo plantea que puedan confirmar la identidad sin conservar esos registros biométricos.
El sistema se apoya en el DNI electrónico y en dos aplicaciones móviles
El despliegue del DNId parte de la infraestructura creada para el DNI electrónico. De acuerdo con la información expuesta por el RENIEC, más de 11 millones de peruanos ya cuentan con esa credencial, que incorpora fotografía, huellas y recursos de autenticación destinados a acreditar la identidad de su titular.
Para activar el DNI digital, el usuario debe ser mayor de 18 años, tener un documento físico vigente, conexión a internet y un teléfono compatible. El procedimiento contempla la lectura del código MRZ del DNI, cinco preguntas de autenticación y una validación facial con la cámara frontal. Los requisitos técnicos incluyen Android 12 o una versión posterior, o iOS 16 o superior.
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La credencial quedará alojada en Perú Pass, una billetera digital para guardar documentos verificables. La aplicación ID Perú permitirá realizar la comprobación biométrica durante el registro. Para ingresar a Perú Pass será necesario crear un PIN de seis dígitos, aunque el usuario podrá activar el desbloqueo mediante reconocimiento facial o huella si el celular cuenta con esas opciones.
La vigencia del DNI físico se mantiene mientras avanza la implementación
El DNI digital funcionará como una alternativa adicional para acreditar la identidad en trámites presenciales y virtuales. No reemplaza al documento físico ni al DNI electrónico, que continúan vigentes. El RENIEC prevé extender el uso de la herramienta en diversas zonas del país mediante equipos de restitución de identidad que entregan documentos electrónicos sin costo a personas que los necesitan.
La entidad busca que más ciudadanos instalen las aplicaciones, activen la billetera digital y conozcan el mecanismo de autorización de datos. La adopción del sistema también dependerá de que empresas e instituciones habiliten canales compatibles para solicitar verificaciones y expliquen qué información requieren en cada caso.
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El modelo tiene antecedentes en otros países que utilizan billeteras digitales de identidad. La Unión Europea aprobó un marco para que sus Estados miembros ofrezcan una billetera de identidad digital a sus ciudadanos, residentes y empresas hacia fines de 2026. La norma establece que los usuarios deben mantener el control sobre los datos almacenados y sobre cada uso de la credencial.
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