Cuando la desigualdad deja de indignarnos

Nunca antes tan pocas personas habían acumulado tanto. En 2025, la riqueza de los milmillonarios del mundo creció 16 % hasta un récord de 18,3 billones de dólares. En Latinoamérica y el Caribe ya son 109 milmillonarios, con una fortuna equivalente al PBI de Chile y Perú juntos. Y el Perú es el segundo país del mundo donde el 0,1% más rico concentra la mayor proporción de los ingresos.

La desigualdad no solo persiste, se vuelve más abusiva. Sin embargo, algo en cómo hoy la miramos debería preocuparnos. Sabemos que existe y que el poder está concentrado en pocas manos, pero cada vez somos menos quienes la consideramos inaceptable. ¿En qué momento perdimos la capacidad de indignarnos? ¿Estamos naturalizando la desigualdad justo cuando más se concentra?

Desde Oxfam, junto con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), impulsamos la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES) para escuchar lo que la ciudadanía piensa y siente sobre la desigualdad

Pero escuchar implica también recibir resultados que no nos gustan. Esta tercera edición trae uno incómodo. La tolerancia a la desigualdad aumentó en un país donde, entre 2019 y 2025, el 1% más rico capturó el 42% de la nueva riqueza y el 50% más pobre apenas el 1,4%. Es decir, de cada 100 soles de riqueza nueva, 42 fueron para el 1% más rico y 1,40 para la mitad más pobre. Con esa riqueza no solo se vive distinto, se decide distinto.

La ciudadanía no ignora la gravedad del problema. Según la ENADES 2026, el 72 % considera que el Perú es un país muy o algo desigual y 52% califica la desigualdad como muy grave. Pese a ello, quienes la consideran inaceptable pasaron del 51% en 2024 al 38% en 2026. Quienes se indignan frente a ella ya no son mayoría.

La desigualdad no ha disminuido ni se ha vuelto invisible. Se está volviendo costumbre y lo que se vuelve costumbre deja de indignar y exigirse. Esta mayor tolerancia es una señal de alerta, habla de un proceso que ha ido debilitando a la ciudadanía y de una ruptura más profunda, la de la aspiración a ser una sociedad de iguales. Ese no es solo un principio de la democracia. Es la promesa fundacional de la república.

El COVID-19 no solo nos empobreció, movió el piso desde el cual juzgamos nuestras vidas. La pobreza, hoy en 25,7%, sigue lejos del 20,2% previo a la pandemia, pero más personas sienten que sus ingresos les alcanzan: el 53%, frente al 44% en 2024. Ese alivio a lo peor de la crisis baja el estándar: el piso deja de ser la dignidad y los derechos y pasa a ser la sobrevivencia. Lo que antes reclamábamos como derecho, hoy lo agradecemos como alivio.

Por eso la tolerancia no debería leerse como indiferencia, sino como cansancio: el de quien aprendió a salir adelante por su cuenta porque dejó de esperar respuestas de la política. Adaptarse a la desigualdad no es lo mismo que legitimarla.

Pero cuando sobrevivir se vuelve una responsabilidad individual, sin un Estado presente ni reglas comunes que protejan a todos, se impone la ley de la selva, que en el Perú suele ser la ley del más rico. Las economías ilegales son su expresión más cruda. El oro ilegal superó los US$ 11 500 millones en 2025 y creó nuevas fortunas, mientras la cuenta la pagan las víctimas de trata, las comunidades envenenadas con mercurio y los trabajadores atrapados por la extorsión y la violencia.

La desigualdad no es un fenómeno natural, sino el resultado de decisiones políticas. Por primera vez, la ENADES preguntó a la ciudadanía si siente que puede influir en las decisiones del país y solo el 27 % respondió que sí. El 84% cree que el Perú lo gobiernan unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, y tres de cada cuatro personas creen que los más ricos y las grandes empresas encuentran la manera de no pagar los impuestos que les corresponden. Quien concentra la riqueza concentra también el poder de escribir las reglas a su favor.

La desigualdad política ya tiene consecuencias visibles. Desde 2018, la mayoría de los indicadores de participación y espacio cívico cae en el Perú. Hoy el Perú es considerado un régimen híbrido, el CIVICUS Monitor califica su espacio cívico como “represivo” y la satisfacción con la democracia está en mínimos, muy por debajo del promedio latinoamericano. Cuando la desigualdad se tolera, el autoritarismo encuentra terreno fértil y la desigualdad se perpetúa.

El 68 % sigue esperando que el Estado aplique políticas firmes contra la desigualdad. Es una razón para no resignarnos. Por eso, creemos que es urgente politizar la desigualdad. Proponemos avanzar hacia un pacto fiscal justo, que revise los privilegios tributarios y en el que quienes más tienen aporten lo que les corresponde; además de instituciones con contrapesos, que respondan a la mayoría y no a unos pocos y un espacio cívico protegido, donde la ciudadanía pueda organizarse y hacerse oír. La energía del “aguante” no puede seguir sosteniendo sola lo que el Estado no garantiza. El nuevo ciclo político tiene la responsabilidad de responderle, porque un país que renuncia a la igualdad renuncia también a la democracia.