Las transferencias económicas vinculadas con la actividad minera alcanzaron los S/ 13.310 millones en lo que va de 2026, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Los recursos provienen de tres conceptos: el Canon Minero, las Regalías Mineras y los Derechos de Vigencia y Penalidad, cuyos montos se distribuyen entre los gobiernos regionales y locales.
Áncash encabezó la lista de departamentos que recibieron estos fondos, seguido de Apurímac y Arequipa. En conjunto, las tres regiones concentraron más de S/ 5.200 millones, lo que representa una parte importante de los recursos generados por el sector. Estas transferencias buscan fortalecer la capacidad de las autoridades subnacionales para financiar servicios públicos, infraestructura y otras intervenciones destinadas a atender necesidades de la población.
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Canon Minero concentra la mayor parte de los recursos transferidos
El Canon Minero constituyó el principal componente de las transferencias, con S/ 9.588 millones distribuidos durante 2026. De ese monto, S/ 24 millones correspondieron a agosto. Este mecanismo se calcula a partir del 50% del Impuesto a la Renta pagado por los titulares de la actividad minera, de acuerdo con la información difundida por el Minem en la edición de agosto de su Boletín Estadístico Minero.
La magnitud de estos recursos convierte al canon en la fuente más importante de las tres consideradas en el reporte. Su distribución permite trasladar parte de los ingresos tributarios generados por las operaciones mineras hacia los territorios vinculados con esta actividad, con el propósito de financiar proyectos y contribuir al desarrollo regional y local.
Regalías y derechos de vigencia completan las transferencias
Entre enero y setiembre de 2026, las Regalías Mineras acumularon S/ 3.401 millones, ubicándose en el segundo lugar por volumen de recursos. De esta cantidad, S/ 2.914 millones correspondieron a regalías legales y S/ 487 millones a las contractuales. Ambos conceptos forman parte de los ingresos que se redistribuyen a partir del aprovechamiento de los recursos minerales.
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Por otro lado, los Derechos de Vigencia y Penalidad sumaron S/ 320 millones entre enero y agosto. El primero corresponde al pago que deben realizar los titulares para conservar sus concesiones mineras. La penalidad, en cambio, se aplica cuando no cumplen las obligaciones de producción o inversión exigidas para mantenerlas vigentes.
Aunque estos dos componentes representan montos menores frente al canon, también forman parte de los recursos que el Estado canaliza hacia los distintos niveles de gobierno. Las cifras, sin embargo, corresponden a periodos de corte diferentes: las regalías se contabilizaron hasta setiembre y los derechos de vigencia y penalidad, hasta agosto.
Áncash lidera el ranking de departamentos receptores
Áncash recibió S/ 2.230 millones, equivalentes al 16,8% del total nacional. La región ocupó el primer puesto entre los territorios beneficiados por las transferencias mineras, con una participación superior a la registrada por los departamentos que le siguen en la clasificación.
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En segundo lugar se ubicó Apurímac, con S/ 1.555 millones, que representaron el 11,7% de los recursos distribuidos. Arequipa ocupó la tercera posición, con S/ 1.501 millones y una participación del 11,3%. En conjunto, ambas regiones y Áncash recibieron S/ 5.286 millones, por encima del umbral de S/ 5.200 millones señalado en el titular.
Cajamarca completó los cuatro primeros puestos, con S/ 1.251 millones, equivalentes al 9,4% del total. La distribución evidencia que una parte considerable de los recursos se concentra en un grupo reducido de departamentos, aunque los montos recibidos varían según los conceptos y las reglas aplicables a cada transferencia.
Minem destaca el papel de la redistribución minera
El ministerio considera que estos fondos constituyen un mecanismo para trasladar la renta generada por la minería hacia los gobiernos regionales y locales relacionados con su desarrollo. Entre sus objetivos figura ampliar la disponibilidad presupuestaria para servicios públicos, reducir brechas y ejecutar intervenciones que tengan efectos sostenibles en las condiciones de vida de los ciudadanos.
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La disponibilidad de recursos, no obstante, es solo una parte del proceso: su aprovechamiento depende de las decisiones de las autoridades responsables de la ejecución presupuestaria. En ese sentido, las transferencias representan una fuente de financiamiento para atender necesidades territoriales, mientras que su impacto final está vinculado con el destino que se les asigne y los resultados de las inversiones realizadas.
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