El Poder Ejecutivo de Perú modificó el reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas para habilitar que las empresas distribuidoras incorporen costos adicionales en la tarifa de alumbrado público destinados a mejorar la iluminación de calles y avenidas.
La medida, contenida en el Decreto Supremo Nº 019-2026-EM y firmada por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, apunta a instalar luminarias más potentes, entre ellas tecnología LED, en zonas con altos índices de criminalidad.
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Una ley gestada desde fines de 2025
La norma no surge de manera aislada. El proceso se activó el 24 de diciembre de 2025, cuando el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó un proyecto normativo para modificar el artículo 94 de la Ley de Concesiones Eléctricas, con un período de 15 días de consulta pública.
La facultad para hacerlo provenía de la Ley Nº 32527, mediante la cual el Congreso delegó en el Ejecutivo la potestad de legislar en materia de seguridad ciudadana.
Ese proyecto se concretó el 13 de febrero de 2026 con la publicación del Decreto Legislativo Nº 1740, que modificó el artículo 94 y ordenó priorizar la iluminación en vías con criminalidad comprobada, según datos del sistema DATACRIM del INEI.
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La norma fijó un plazo de 30 días hábiles para que el Ejecutivo adecuara el reglamento de la ley, un compromiso que se cumplió recién en octubre, ocho meses después del vencimiento original.
Lo que cambia y lo que se mantiene en el recibo de luz
El decreto modifica el artículo 184 del reglamento, vigente en su versión actual desde 2007. La escala de 24 tramos de consumo y el tope del 5% del monto facturado total destinado al alumbrado público se mantienen sin variaciones.
El cambio está en lo que podría sumarse a futuro: durante el período 2026-2030, los proyectos de mejora lumínica por seguridad ciudadana se regirán por un Procedimiento sobre Costos Adicionales que debe aprobar el MINEM, mientras que las condiciones posteriores a 2030 quedarán a cargo de la Dirección General de Electricidad.
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El decreto también reduce a la mitad el monto mínimo que puede figurar en el recibo por este concepto, de 0,02% a 0,01% de una UIT, y traslada al Osinergmin la facultad de emitir el informe técnico para futuros ajustes.
El propio MINEM había adelantado en febrero que la medida “no demandará recursos del Tesoro Público” y que los cargos se incorporarían “como concepto especial de alumbrado público por seguridad ciudadana en los peajes de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión”.
Una respuesta a la sensación de inseguridad que crece en el país
El trasfondo de la norma es una alarma generalizada por la delincuencia. Según el Séptimo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado por el Banco de Crédito del Perú (BCP) junto al Banco de Ideas Credicorp y CHS Consultora, el 85% de los peruanos modificó sus hábitos nocturnos por temor al crimen, cerca de 22 millones de personas.
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En Lima, el 90% de los encuestados afirmó evitar salir de noche. Entre enero y agosto de 2026, el mismo observatorio contabilizó 1.866 homicidios y tentativas a nivel nacional, con una tendencia al alza: de 158 casos en enero a 288 en julio.
El Ministerio Público registró, en el mismo período, un promedio de 70 denuncias diarias por extorsión y chantaje, concentradas en más de la mitad de los casos en cinco distritos fiscales de Lima y La Libertad.
El costo económico que respaldan los gremios empresariales
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calculó que el costo de la delincuencia en 2025 alcanzó los S/ 19.800 millones, equivalentes al 1,7% del PBI. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) citó una estimación del Banco Central de Reserva que eleva esa cifra a 5.800 millones de dólares anuales, un 2,2% del producto.
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El Observatorio del Crimen y la Violencia, con cálculos de la Universidad de Piura, ubicó el costo total en 11.800 millones de dólares, el 3,1% del PBI, luego de que el 45% de los peruanos reportara el cierre o la restricción de negocios en su barrio por la inseguridad.
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