El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzáles Torres, denunció que algunos directores de colegios reciben amenazas de muerte por parte de grupos de estudiantes cuando intentan imponer disciplina en sus instituciones educativas. Según el funcionario, uno de estos grupos estaba integrado por 15 alumnos que ya fueron identificados.
“Te vamos a matar si sigues con lo mismo, si sigues poniendo orden en la escuela”, relató Gonzáles al describir las intimidaciones que reciben los directivos. En declaraciones a Exitosa Noticias, también señaló que estos estudiantes se organizaban para protagonizar peleas en el distrito de La Victoria.
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La denuncia se conoce en medio del debate sobre la disciplina escolar y la autoridad de los directivos en las instituciones educativas. El 12 de octubre, el Ministerio de Educación (Minedu) publicó un proyecto de lineamientos que contempla sanciones para las faltas leves, graves y muy graves, además de la separación definitiva de los estudiantes que incurran en determinadas conductas.

Directores de colegios reciben amenazas de muerte de grupos de alumnos
Cornelio Gonzáles Torres sostuvo que algunos directores cercanos a la sede de la DRELM afrontan intimidaciones por parte de grupos de estudiantes que rechazan las medidas disciplinarias adoptadas en sus colegios. Según explicó, los involucrados ya fueron identificados, aunque reconoció las dificultades para intervenir frente a estos casos.
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El funcionario relató que las amenazas incluyen advertencias de muerte dirigidas a quienes intentan mantener el orden en las instituciones educativas. “Tengo directores actualmente cerca de la DREL que son amenazados por grupo de quince alumnos”, afirmó al exponer la situación que, según indicó, afecta a las autoridades escolares.
Gonzáles también advirtió que algunos de estos estudiantes formaban grupos para enfrentarse con otros jóvenes. “Arman grupos para ir a pelear en La Victoria”, manifestó durante la entrevista, al referirse a hechos que, de acuerdo con su testimonio, eran conocidos por las autoridades educativas.

Al explicar las limitaciones para actuar frente a estas situaciones, el director de la DRELM reconoció que anteriormente no podían hacer mucho ante los hechos que llegaban a su conocimiento. Su denuncia puso el foco en las dificultades que enfrentan algunos directivos para ejercer su autoridad cuando reciben amenazas de sus propios estudiantes.
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Amenazas de alumnos ponen en riesgo la convivencia escolar
Durante la entrevista, Gonzáles coincidió con la preocupación por la presencia de grupos de estudiantes que, según lo expuesto, llegan a ejercer una influencia dentro de los colegios. El funcionario describió un escenario en el que imponer disciplina puede generar enfrentamientos con alumnos que se resisten a las medidas de las autoridades escolares.
El director de la DRELM calificó la situación como dolorosa y cuestionó los años en los que, a su juicio, se dejó de lado el sistema educativo. En ese contexto, sostuvo que la política del ministro de Educación apunta a recuperar el orden en las instituciones educativas.
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Las amenazas denunciadas plantean dificultades para garantizar la convivencia escolar y permitir que los directores apliquen las normas internas. Sin embargo, las declaraciones del funcionario se refieren a grupos específicos de estudiantes y no permiten extender estas conductas al conjunto del alumnado.
El caso también pone en discusión los mecanismos con los que cuentan las instituciones educativas para actuar ante las intimidaciones, las agresiones y otras conductas que alteran la convivencia. La intervención de los directivos y la aplicación de medidas proporcionales forman parte de los aspectos abordados en la propuesta normativa del Minedu.

Minedu propone expulsar a estudiantes que cometan faltas muy graves
El Ministerio de Educación publicó el proyecto de decreto supremo que aprueba los Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica, aplicables a colegios públicos y privados. La propuesta busca fortalecer el rol de directores, docentes y auxiliares, así como establecer criterios para gestionar las faltas cometidas por los estudiantes.
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El documento clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Entre las conductas comprendidas en esta última categoría figuran la coacción, la extorsión, el acoso escolar y la alteración violenta del orden, además de otros actos que afectan la seguridad y la convivencia en las instituciones educativas.
Las sanciones contempladas incluyen la suspensión por un máximo de tres días hábiles, la matrícula condicional y la separación definitiva del estudiante en los supuestos establecidos. Esta última medida puede aplicarse ante una falta muy grave, la acumulación de tres suspensiones durante el año o la reiteración sistemática de conductas indebidas, según el proyecto.
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Las familias podrán solicitar la reconsideración de la separación definitiva dentro de los tres días hábiles siguientes. La institución educativa tendrá cinco días para resolver el pedido. Además, la propuesta contempla que los estudiantes expulsados continúen su formación mediante aulas digitales a cargo de la UGEL correspondiente.
El proyecto fue publicado para recibir comentarios y aportes de entidades públicas y privadas, así como de la ciudadanía, durante un plazo de 15 días calendario. Por ello, las medidas forman parte de una propuesta normativa cuyo contenido puede recibir observaciones antes de su aprobación definitiva.
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