La cuenta la pagan los peruanos

La nueva Cámara de Diputados tiene la tarea de discutir la viabilidad técnica y económica de los proyectos de ley, similar al Congreso previo. Aunque suene obvio, dicha tarea debería incluir mínimamente un análisis costo-beneficio robusto de cuánto cuesta, quién la paga y a quién beneficia.

En Perú, esa exigencia no es nueva. Desde 1995, el Reglamento del Congreso obliga a que cada proyecto de ley incluya un análisis costo-beneficio. En un ejercicio para el IPE, revisé los proyectos de ley que pasaron por la Comisión de Economía entre 2021 y 2025 y terminaron convertidos en ley. Dejé fuera los declarativos, y me quedé con 551 proyectos que sí creaban, modificaban o autorizaban una medida con efectos reales. El 68% tenía un análisis costo-beneficio que solo afirmaba que la propuesta “no irroga gasto al erario nacional” o una variante de esa frase. En la práctica, muchos usaban de manera consciente esa frase para esquivar la regla.

Con respecto al 32% restante (181 proyectos), apenas 37 proyectos incluían alguna estimación de costo y solo 6 identificaban una fuente de financiamiento. Los otros 138 no mencionaron nada al respecto. La realidad es que el Congreso aprobó leyes sin saber cuánto costarían ni con qué se pagarían.

A pesar de lo que el papel enuncia, estas leyes tienen un costo. Según el Consejo Fiscal, las leyes aprobadas por insistencia entre 2021 y 2025, es decir, pese a las observaciones del Ejecutivo, cuestan en conjunto más de S/36 mil millones al año, 55 veces más que en el quinquenio anterior. Ese dinero resta espacio a otras prioridades o se deberá cubrir con más deuda.

Un ejemplo es la Ley 31729, aprobada por insistencia, que actualizó el bono de reconocimiento de los aportantes y ex aportantes de la ONP. Según el Consejo Fiscal, su costo estimado es de S/6,380 millones, cerca de 0.5% del PBI. La norma surgió de cinco proyectos de ley y los cinco declararon, en su análisis costo-beneficio presentado, que no generaban gasto alguno al Estado. Otros ejemplos son el régimen excepcional del Impuesto a la Renta para rentas no declaradas (Ley 32201), que cuesta S/3,600 millones al año; la jubilación de los trabajadores de construcción civil (Ley 31550); y el crédito fiscal especial del IGV para San Martín (Ley 32317). En ninguno de estos tres casos el proyecto de origen dijo de dónde saldría el dinero.

El Congreso anterior no ignoró del todo el problema. Desde su Tercera Vicepresidencia impulsó una Oficina de Calidad Legislativa, que entre 2024 y 2025 publicó una guía de análisis costo-beneficio y un manual de calidad legislativa. Fue un paso correcto, pero limitado, porque todo era voluntario. La oficina podía orientar, pero no exigir, y dependía de un cargo de la Mesa Directiva que se renueva cada año. Aun así, en 2025, con la guía ya publicada, 71% de los proyectos revisados ese año seguían indicando que la medida propuesta no tenía un costo fiscal.

En julio último, el Tribunal Constitucional estableció que todo proyecto que genere gasto debe identificar su fuente de financiamiento y contar con un informe previo del Ejecutivo. Falta el paso institucional: convertir lo avanzado por la Oficina de Calidad Legislativa en un órgano técnico permanente al servicio de ambas cámaras, que costee cada proyecto antes de votarse y publique la cifra.

El nuevo Congreso tiene que asumir un compromiso importante: ninguna ley se debe votar sin conocer su costo, su fuente de financiamiento, quién gana y quién paga. Porque cuando una ley “no irroga gasto”, alguien la paga de todos modos: con más deuda, con más impuestos o con la escuela y el hospital que ese dinero ya no financiará. Usar esa frase como excusa es pasarles la cuenta a todos los peruanos.