Los adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise que ingresaron al Centro Juvenil de Lima cumplirán una orden de internación por 120 días, período en el que atravesarán evaluaciones médicas, psicológicas y sociales. Los informes definirán el abordaje socioeducativo y servirán de base para que el juzgado de familia determine las medidas posteriores dentro de cada expediente.
El ingreso contempla un protocolo con controles de seguridad, una revisión de salud y entrevistas a cargo del equipo técnico. La institución debe establecer las condiciones físicas y emocionales de cada joven desde el inicio de la medida, además de identificar factores familiares, escolares y sociales que puedan incidir en su tratamiento.
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La primera etapa se desarrolla en el Programa Uno de inducción y diagnóstico, un esquema preventivo que puede extenderse entre 30 y 50 días. Durante ese lapso, los adolescentes no son separados de la dinámica institucional: permanecen con otros jóvenes que atraviesan el mismo proceso y participan de las actividades previstas para su incorporación.
El diagnóstico inicial define la intervención durante la internación
La evaluación busca reunir información suficiente antes de establecer un plan individual. Médicos, psicólogos, trabajadores sociales y otros integrantes del equipo técnico intervienen en la elaboración de un informe sobre la situación de cada adolescente. El documento incluye aspectos vinculados con su salud, conducta, entorno familiar y necesidades de atención.
El exdirector del establecimiento indicó que los resultados de esa evaluación son puestos a disposición del juzgado de familia, que analiza el caso dentro de la investigación en curso. La medida de internación no se limita a la permanencia física en el centro: incorpora un seguimiento que debe orientar las decisiones judiciales y las acciones posteriores del sistema de protección.
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Los jóvenes que se encuentran en esta fase permanecen en un ambiente colectivo con capacidad para alrededor de 60 adolescentes. La convivencia forma parte de la etapa inicial y permite observar la interacción con pares, el cumplimiento de normas y la adaptación a las rutinas del establecimiento. Esa información puede sumarse al análisis técnico de cada caso.
La atención debe aplicarse bajo criterios comunes para todos los adolescentes
El abordaje institucional debe respetar criterios de igualdad, sin diferencias vinculadas con sexo, situación económica, religión u otras condiciones personales. La exposición pública de un caso tampoco modifica las obligaciones del centro, que debe aplicar los mismos procedimientos de ingreso, evaluación y tratamiento previstos para cualquier adolescente sometido a una medida de internación.
La eventual asignación a un tratamiento específico dependerá del diagnóstico inicial y de las características de cada expediente. Si la evaluación detecta indicadores relacionados con delitos sexuales, el sistema cuenta con un programa especializado para adolescentes. La derivación a ese espacio no se define de manera automática, sino tras el análisis de los profesionales responsables.
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El exdirector consideró que la incorporación de terapeutas o especialistas privados contratados por las familias no resulta conveniente dentro de la institución. La ejecución de la medida está bajo responsabilidad del Estado y del personal designado para el centro. La presencia de profesionales externos, sostuvo, podría alterar las pautas de intervención y las condiciones de trabajo establecidas por el equipo técnico.
Las visitas familiares estarán limitadas a dos encuentros mensuales
El contacto presencial con padres, hermanos y otros integrantes del entorno familiar estará sujeto a un régimen de visitas quincenales. Los adolescentes podrán recibir dos visitas al mes, siempre que los familiares cumplan los requisitos de ingreso y las condiciones fijadas por la administración del centro juvenil.
Antes de autorizar los encuentros, el área de trabajo social evalúa a los padres y hermanos directos. El equipo prepara una ficha técnica para identificar la situación de cada integrante, su vínculo con el adolescente y las condiciones en las que puede participar de la visita. El procedimiento también permite fijar límites cuando existan elementos que puedan afectar el proceso de internación.
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La intervención alcanza a los adultos responsables, quienes deben participar en un programa de asistencia terapéutica obligatoria durante un período determinado. El trabajo con las familias incluye pautas de crianza, comunicación, habilidades sociales y formas de disciplina. Al concluir la fase de diagnóstico y las evaluaciones previstas, el juzgado de familia contará con elementos para resolver las siguientes medidas en cada caso.
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