El número de adolescentes asesinados entre el 1 de enero y el 12 de septiembre de 2026 ya superó el total registrado durante todo el año anterior. El Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) contabilizó 72 homicidios de personas menores de edad en ese período, frente a los 62 casos informados a lo largo de 2024.
La diferencia representa 10 víctimas más que las registradas en los 12 meses del año previo, cuando aún faltaban más de tres meses para terminar 2026. Especialistas vinculados al sistema anticiparon que la cifra podría aumentar antes del cierre anual si se mantiene el ritmo observado hasta septiembre.
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Los datos exponen una situación que afecta a adolescentes expuestos a entornos de violencia, desprotección familiar y presencia de organizaciones criminales. Detrás de cada registro hay una muerte violenta que interrumpe trayectorias escolares, familiares y sociales, además de extender las consecuencias del crimen hacia el entorno de las víctimas.
Los asesinatos de adolescentes superaron el total de 2024 antes de terminar septiembre
El SINADEF registró los 72 homicidios de adolescentes hasta el 12 de septiembre de 2026. La comparación con los 62 casos del año anterior muestra un aumento que obliga a revisar los factores que colocan a menores de edad en escenarios de riesgo.
La proyección de los especialistas es que la cifra continúe en ascenso hasta diciembre. El registro no solo permite establecer la cantidad de muertes violentas, sino que también ofrece una señal sobre la necesidad de reforzar las acciones de prevención en hogares, colegios y espacios comunitarios.
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El psiquiatra Carlos Bronley sostuvo que muchos adolescentes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por la ausencia de acompañamiento de sus padres o adultos responsables. Según explicó, esa falta de contención puede agravarse cuando existen conflictos al interior de la familia, consumo de alcohol o drogas por parte de los adultos y antecedentes de violencia en el hogar.
La exposición cotidiana a esas situaciones puede debilitar los vínculos familiares y limitar la capacidad de los adolescentes para identificar riesgos o pedir ayuda. Bronley planteó que la prevención requiere una participación activa de los padres, con atención sobre las relaciones personales, los cambios de conducta y los problemas que atraviesan sus hijos.
La falta de acompañamiento familiar facilita la captación por bandas criminales
Para el especialista, las bandas criminales identifican a adolescentes que atraviesan conflictos familiares, falta de supervisión o necesidades económicas. En esos casos, los grupos delictivos pueden acercarse a los menores mediante promesas de dinero, pertenencia o protección, hasta incorporarlos a actividades ilegales.
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Bronley advirtió que esa captación puede derivar en una formación delictiva temprana. Los adolescentes reclutados pueden recibir encargos vinculados con robos, asaltos, extorsiones y asesinatos, delitos que los exponen tanto a una persecución penal como a retaliaciones de otras organizaciones o de las propias redes a las que ingresan.
El especialista remarcó que la participación de menores en estas estructuras no debe analizarse solo desde la respuesta policial o judicial. También requiere observar las condiciones previas que favorecen el reclutamiento, como hogares sin presencia adulta estable, violencia intrafamiliar, abandono escolar y falta de acceso a atención psicológica.
La información registrada hasta septiembre incluye además 88 homicidios cometidos con arma de fuego en 2026. El uso de armas incrementa el riesgo de muerte en ataques vinculados con disputas territoriales, robos, amenazas y extorsiones, además de reducir las posibilidades de que las víctimas sobrevivan a una agresión.
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La presencia de armas en hechos que involucran a adolescentes plantea un desafío para las familias y las instituciones educativas. Detectar señales de alerta, como ausencias reiteradas, cambios bruscos en las rutinas, ingresos de dinero sin explicación o vínculos con personas involucradas en delitos, puede permitir una intervención antes de que la situación se agrave.
La salud mental y la supervisión del entorno aparecen como medidas de prevención
Bronley recomendó que los padres conozcan con quiénes se relacionan sus hijos, qué actividades realizan fuera del hogar y qué conflictos enfrentan en su vida cotidiana. La supervisión, señaló, no debe limitarse al control de horarios, sino que debe incluir espacios de diálogo que permitan identificar problemas de violencia, amenazas o presiones externas.
El psiquiatra también propuso incorporar la atención de salud mental como parte de la vida familiar y escolar. La detección temprana de cuadros de ansiedad, depresión, consumo de sustancias, conductas agresivas o aislamiento puede facilitar el acceso a apoyo profesional y reducir la exposición de los adolescentes a contextos violentos.
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Los colegios pueden cumplir una función de alerta mediante equipos de orientación, docentes capacitados y canales de comunicación con las familias. La permanencia en el sistema educativo, el acompañamiento psicológico y el fortalecimiento de redes comunitarias forman parte de las herramientas disponibles para alejar a los menores de organizaciones criminales.
El aumento de homicidios registrado hasta el 12 de septiembre de 2026 deja abierta la posibilidad de que el año cierre con una cifra superior a la de 2024. El seguimiento de los casos y la aplicación de medidas preventivas en los hogares, las escuelas y las comunidades serán elementos centrales frente a una violencia que ya alcanzó a decenas de adolescentes.
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