Seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise ingresaron el último viernes al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, en el marco de la investigación por la presunta agresión sexual contra un alumno de cuarto de secundaria dentro de un bus escolar. El abogado de la familia de la víctima, Jorge Petrozzi, sostuvo que el ataque no fue un hecho aislado sino el desenlace de un acoso constante.
Según el letrado, la agresión habría sido premeditada. “Esto no ha sido un tema de que de un día para otro a 6 o a 10 individuos se les ocurrió hacer una agresión así. Esto ya ha sido, de alguna manera, pensado, trabajado, premeditado”, declaró Petrozzi en entrevista con RPP. El abogado añadió que las burlas y la crueldad posteriores demuestran que los implicados “han sido plenamente conscientes” de sus actos.
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Colegio conocía violencia previa
Petrozzi cuestionó la actuación de la institución educativa y afirmó que la conducta de los estudiantes investigados era de conocimiento público dentro del plantel. “Esto ha sido público dentro del colegio. Por eso es que cuando estos hechos han ocurrido ni a los profesores ni a nadie les ha sorprendido quiénes han sido los autores”, señaló a RPP. Para el letrado, la responsabilidad “penal, civil y administrativa” de las autoridades del Liceo Naval Almirante Guise es considerable, dado que ya existían antecedentes de la conducta de los señalados.
El abogado indicó además que dentro del colegio se registrarían episodios de violencia física, agresiones sexuales y acoso de manera recurrente, frente a los cuales los docentes no habrían intervenido por temor a represalias. “Los profesores tienen miedo porque cuando denuncian las cosas que están ocurriendo o no pasa nada, o los amedrentan, los relegan o simplemente no les hacen caso”, explicó al citado medio. Tras la agresión, según Petrozzi, la víctima fue objeto de “ensañamiento” y burlas por parte de los involucrados, un comportamiento que atribuyó a la falta de conciencia sobre la gravedad de los hechos.
Minedu asumió el control del colegio
Tras conocerse el caso, el Ministerio de Educación tomó el control administrativo de la institución. Petrozzi expresó su expectativa de que la medida ponga fin a lo que describió como “un desorden y un descontrol terrible” dentro del centro educativo.
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En el plano judicial, el abogado adelantó que solicitará la máxima sanción prevista para los presuntos responsables, equivalente a ocho años de internamiento. “La máxima pena, sanción, castigo, como quieran llamarle, es de 8 años. Algunos hablan de 6, yo hablo de 8, porque es lo que me permite la ley”, afirmó. Petrozzi también explicó que, al cumplir la mayoría de edad —prevista para el próximo año—, los investigados podrían ser trasladados a un área específica para adultos dentro del establecimiento penitenciario de Ancón 2, manteniendo el régimen que tenían como menores hasta que se resuelva su situación judicial.
Cuatro escolares fueron separados del internamiento
Sobre los cuatro estudiantes adicionales vinculados al caso, el abogado indicó que, por el momento, no tendrían mayor responsabilidad en los hechos y fueron separados del internamiento preventivo. Sin embargo, precisó que la investigación continúa abierta y que nuevos elementos de prueba podrían modificar su situación procesal. “No quiere decir que ya estén liberados y que su problema terminó, porque en el curso de las investigaciones pueden salir mayores elementos de juicio”, advirtió.
Petrozzi también señaló que, hasta el momento, ningún representante del colegio ni familiares de los escolares investigados se comunicaron con la víctima. Según el abogado, solo hubo una reunión que calificó de “irrelevante”, similar a un llamado por bajo rendimiento académico. “Con la familia, los únicos que se han comunicado son el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación”, precisó el letrado.
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