La Policía Nacional del Perú (PNP) puso en marcha un operativo simultáneo e inopinado en cinco establecimientos penitenciarios declarados en estado de emergencia, con el objetivo de detectar y retirar objetos prohibidos que puedan ser utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior de los centros de reclusión.
La intervención se desarrolla bajo el liderazgo operativo del comandante general de la PNP, general de Policía Fredy López Mendoza, quien dirige personalmente las acciones en el penal Miguel Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho. El despliegue también comprende los recintos de Ancón I, El Milagro de Trujillo, Cochamarca, en Pasco, y Challapalca, en Tacna.
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En Miguel Castro Castro fueron desplegados 160 efectivos policiales para realizar una inspección minuciosa de los diferentes pabellones. Las labores se ejecutan de manera coordinada con personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras que las Fuerzas Armadas brindan apoyo en la seguridad del perímetro exterior del establecimiento.
¿Qué buscan encontrar durante la requisa?
El operativo tiene como finalidad localizar y retirar celulares, equipos electrónicos, armas, objetos contundentes y otros elementos cuya tenencia se encuentra prohibida dentro de los penales. La Policía busca impedir que estos artículos sean empleados para coordinar extorsiones, amenazas u otros delitos desde los establecimientos penitenciarios.
La acción se desarrolla de forma simultánea en los cinco recintos incluidos en la intervención. El despliegue contempla la revisión de los espacios internos con participación de las instituciones encargadas de la seguridad y administración de los centros de reclusión.
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Según la información proporcionada por la PNP, esta intervención representa el inicio de una etapa de operaciones firmes y sostenidas orientadas a neutralizar el accionar de la delincuencia común y la criminalidad organizada desde los establecimientos penitenciarios.
Resultados serán comunicados al finalizar las acciones
Las diligencias permanecen en desarrollo y los resultados oficiales serán comunicados por las autoridades una vez que concluyan las intervenciones. Hasta ese momento, la información disponible corresponde al despliegue operativo iniciado en los cinco centros penitenciarios declarados en emergencia.
El comandante general de la PNP remarcó que los establecimientos penitenciarios no deben convertirse en espacios utilizados para coordinar actividades criminales. Bajo esa premisa, la institución sostiene que continuará con acciones de control destinadas a impedir el uso de recursos prohibidos dentro de los recintos.
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La operación también contempla la participación coordinada de la Policía, el INPE y las Fuerzas Armadas, cada institución desde las funciones asignadas durante el despliegue.
Gobierno busca frenar operaciones criminales
De acuerdo con el Ejecutivo, los cinco establecimientos penitenciarios escogidos para la intervención reúnen aproximadamente al 50 % de los internos relacionados con organizaciones criminales. Con esta medida se busca evitar que grupos delictivos empleen los centros de reclusión para coordinar acciones con integrantes que se encuentran en el exterior.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló anteriormente que estas intervenciones no están condicionadas a la eventual aprobación de las facultades solicitadas al Congreso. “Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad”, afirmó.
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