La suspensión del servicio de vehículos tubulares en las dunas de Huacachina abrió un escenario de incertidumbre para los operadores turísticos de este balneario de Ica. La medida surgió tras una intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional, con observaciones centradas en las condiciones técnicas y la documentación de las unidades.
El fiscal provincial de Prevención del Delito de Ica, Pedro Del Carpio Soto, sostuvo que el problema está relacionado con la transformación de los vehículos utilizados para los paseos turísticos. Según explicó, estas modificaciones requieren un proceso de homologación y autorización conforme a las disposiciones vigentes.
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La fiscalización también puso en evidencia la situación de una flota que presta servicios a turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo con la información difundida durante el operativo, más de 400 unidades informales fueron retiradas de circulación como parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad y ordenar esta actividad.
La suspensión generó la reacción de conductores y propietarios, quienes se concentraron en los alrededores de Huacachina para expresar su preocupación por la paralización de sus labores. Los trabajadores plantearon un proceso de adecuación que les permita cumplir con los requisitos exigidos y continuar con la actividad turística.
Fiscalía cuestiona las modificaciones de los vehículos
Pedro Del Carpio Soto explicó que la principal observación fiscal está relacionada con la transformación de vehículos que originalmente fueron fabricados bajo determinadas características técnicas.
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“Esos vehículos son ilegales porque son vehículos transformados. No hay ninguna autoridad que avale el cambio, la armazón, la transformación. Eso se llama homologación de acuerdo a ley”, declaró el fiscal de Prevención del Delito.
El representante del Ministerio Público precisó que una modificación de este tipo requiere la intervención de una empresa acreditada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). También señaló que el procedimiento contempla diversos requisitos técnicos antes de autorizar los cambios.
Uno de los principales cuestionamientos corresponde al peso de las unidades. Del Carpio explicó que retirar la carrocería original y agregar otras piezas modifica las características con las cuales el vehículo fue fabricado.
“Desde el momento que agarran un vehículo, sacan la carrocería, utilizan el chasis, que no se sabe la data, se desconoce la antigüedad de ese chasis, y a ese chasis lo comienzan a agregar diversas piezas, están alterando todo el peso industrial como fue configurado cuando se creó ese vehículo”, sostuvo.
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Gobierno Regional de Ica mantiene restricciones
La intervención fiscal también guarda relación con una resolución del Gobierno Regional de Ica que dispone la prohibición de circulación de estas unidades mientras no cuenten con la documentación correspondiente.
Entre los requisitos mencionados por los operadores figuran el SOAT, las tarjetas correspondientes y una autorización o tarjeta de circulación. Estos documentos forman parte de las exigencias que el sector busca regularizar para recuperar la prestación del servicio.
La fiscalización alcanza a unidades que ofrecen recorridos por las dunas de Huacachina y cuya estructura fue modificada para transportar pasajeros. La falta de acreditación técnica constituye uno de los puntos centrales de la intervención.
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El fiscal señaló que el proceso de homologación requiere una certificación emitida por un taller autorizado. La ausencia de este procedimiento impide, según la posición expuesta por el Ministerio Público, respaldar la circulación de las unidades transformadas.
Operadores piden un periodo para adecuar la flota
La suspensión provocó una movilización de conductores y propietarios de tubulares. Los representantes del sector solicitaron que las autoridades consideren un periodo de adecuación antes de exigir el reemplazo inmediato de las unidades.
Juan Bautista Flores Palacio, representante de los trabajadores, informó que los operadores se reunieron para evaluar alternativas frente a las exigencias planteadas por las autoridades. El objetivo es establecer una vía para regularizar la actividad bajo las condiciones solicitadas.
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El sector también sostiene que no existe una oferta suficiente de vehículos nuevos con las características requeridas para sustituir de forma inmediata toda la flota que presta servicios en las dunas.
Los operadores reconocieron la existencia de accidentes vinculados con este tipo de actividad turística, pero plantearon que la regularización se desarrolle mediante un proceso gradual. Su propuesta incluye la renovación progresiva de los vehículos y el cumplimiento de los requisitos técnicos y documentarios.
Más de 400 unidades quedaron fuera de circulación
La información difundida tras el operativo señala que más de 400 tubulares informales fueron retirados de circulación en Huacachina. La medida forma parte de las acciones de fiscalización orientadas a controlar el transporte turístico en las dunas.
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Durante la intervención también se señaló que existen antecedentes de accidentes que involucraron a turistas nacionales y extranjeros. La actividad requiere condiciones técnicas específicas debido al tipo de recorridos que realizan estas unidades en el área de dunas.
El Ministerio Público mantiene su posición respecto de la necesidad de acreditar las modificaciones estructurales antes de permitir la circulación. Para los operadores, el punto central es establecer un mecanismo que permita cumplir con las exigencias sin una paralización prolongada de sus actividades.
La Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Ica también fue mencionada durante la cobertura del operativo debido a disposiciones que desaconsejan a los visitantes utilizar estos vehículos por el nivel de riesgo asociado al servicio.
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