El vocero de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano (ACTU), Julio Bretoneche, cuestionó la forma en que el Gobierno diseñó el denominado Plan Escudo, estrategia destinada a enfrentar los problemas de seguridad que afectan al transporte público. El dirigente sostuvo que la respuesta estatal requiere la participación de las instituciones vinculadas con la problemática.
Bretoneche señaló que el sector transporte presentó propuestas e información estadística durante sus reuniones con autoridades. Según explicó, la intención del gremio es participar en la búsqueda de soluciones frente a la situación que enfrentan las empresas y los trabajadores del transporte.
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El dirigente también se refirió a la posición de su organización frente al paro previsto para el 25 de agosto. Precisó que la ACTU no forma parte de la convocatoria y que su gremio mantiene reuniones con representantes del Ejecutivo y del Congreso.
Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que los conductores porten armas de fuego como mecanismo de defensa. Bretoneche indicó que la asociación no respalda esa alternativa por el riesgo de generar nuevos conflictos, aunque reconoció que algunos trabajadores optaron por tramitar licencias ante la situación de inseguridad.
Julio Bretoneche cuestiona la elaboración del Plan Escudo

El vocero de la ACTU sostuvo que un plan de seguridad debe incorporar a las instituciones que intervienen en los distintos aspectos del problema. En ese sentido, cuestionó que el sector transporte no haya participado en la elaboración del Plan Escudo.
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“Entonces, el Plan Escudo se hizo de manera unilateral, sin una estrategia real y sin un análisis correcto. Se hizo mal”, afirmó Bretoneche.
El dirigente mencionó entre las entidades que, a su criterio, debían participar al Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los organismos vinculados con las empresas de telefonía. También señaló que los propios representantes del transporte debieron ser convocados debido a su conocimiento sobre las dificultades que atraviesan las empresas del sector.
Bretoneche precisó que la ACTU no convocó al paro anunciado para el 25 de agosto. Explicó que la organización mantiene una línea de trabajo con las autoridades y que ya sostuvo reuniones con el ministro de Transportes y con representantes del Congreso.
El vocero indicó que la asociación se reunió la semana previa con el presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente con el presidente de la Cámara del Senado. Según detalló, existe el compromiso de coordinar un encuentro con la presidenta de la República, aunque todavía no se definió una fecha.
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Sobre la convocatoria al paro, Bretoneche señaló que la medida fue promovida por Héctor Vargas a través de su gremio. La ACTU, según precisó, no forma parte de esa organización.
Gremio rechaza el porte de armas por parte de conductores

La posibilidad de que los conductores tramiten licencias para portar armas de fuego tampoco cuenta con el respaldo de la ACTU. Bretoneche consideró que una medida de ese tipo podría generar un conflicto social y provocar situaciones adicionales de riesgo.
“No creo que los conductores, pero sí sabemos que hay conductores que han optado por ellos mismos tramitar su licencia de armas por su seguridad y su autodefensa”, declaró.
El dirigente sostuvo que la asociación no puede impedir que los trabajadores recurran a esa alternativa dentro del marco legal. Sin embargo, remarcó que, desde la posición del gremio, un conductor no debería portar un arma mientras realiza sus labores.
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Además de la seguridad, la ACTU prevé abordar otros asuntos vinculados con el funcionamiento del transporte público en sus próximas reuniones con el Ministerio de Transportes.
Entre los puntos señalados por Bretoneche figuran la profesionalización de los conductores, la reglamentación de la ley de puntos y el proceso de cambio de matriz energética del transporte público.
El dirigente indicó que el sector continuará presentando sus propuestas y datos ante las autoridades, dentro de las reuniones que mantienen con representantes del Gobierno y del Congreso.
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