Pasaba horas frente al mar y conducía vehículos de lujo por la ciudad, mientras la Policía Nacional seguía sus movimientos. Así fue como los agentes identificaron a ‘Tío Luigi’, presunto líder de la organización criminal conocida como 'Los Elegantes de Lima’, quien habría dirigido un esquema para apropiarse de casas y stands pertenecientes a adultos fallecidos, con el fin de alquilarlos y obtener ganancias millonarias.
Una red dedicada al despojo de inmuebles
Las investigaciones de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional permitieron reconstruir el modus operandi de la banda. Según la autoridad, Orlando Sánchez, durante un periodo prolongado, el grupo desplegó actividades criminales vinculadas al despojo y apropiación irregular de inmuebles, muchos de ellos propiedades del Estado.
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El avance de las indagaciones llevó a la detención de diez personas tras la emisión de una resolución judicial. Cuatro de los implicados ya cumplen prisión preventiva, mientras que otros han recibido comparecencia con restricciones. Entre los detenidos figuran trabajadores del Poder Judicial y de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), además de quienes, según la policía, cumplían funciones clave dentro de la organización.
El lujoso estilo de vida de ‘Tío Luigi’ incluía el uso de vehículos de alta gama, adquiridos, de acuerdo con la policía, con el dinero obtenido de los alquileres de propiedades usurpadas. Un ejemplo citado en la investigación es el caso del Jirón Paruro, donde por años diversos stands se alquilaron a un valor de cinco mil dólares cada uno. La organización llegó a administrar un promedio mensual de cuarenta y cinco mil dólares solo por este concepto.
Entre los mecanismos ilícitos empleados, la banda recurría a la falsificación de minutas, contratos y escrituras. Para facilitar estas operaciones, se valían de operadores en registros públicos, quienes permitían inscribir los inmuebles a nombre de terceros. El monto total de los bienes apropiados supera los cincuenta y nueve millones de soles, de acuerdo con las declaraciones del general Sánchez.
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Homicidios vinculados y señalización de objetivos
La ambición de la red criminal habría llegado al extremo de la violencia letal. Según la investigación policial, al menos dos homicidios estarían relacionados con el accionar de sus integrantes. El primero involucra a Daniel Castillo, y el segundo a un docente identificado como profesor Pimentel, padre de uno de los intervenidos y trabajador de Sedapal. Este último tenía la función de identificar inmuebles en desuso, particularmente aquellos que no registraban consumo de agua, para seleccionarlos como futuros objetivos de apropiación.
Entre los hechos violentos atribuidos a la banda figuran el asesinato de un hombre dentro de su vehículo en la avenida Camino Real en septiembre de 2024 y el homicidio de un profesor del colegio Julio Cetella en octubre del mismo año.
El proceso judicial determinó 36 meses de prisión preventiva para el presunto cabecilla y quien sería el brazo legal de la organización. Otros dos miembros, funcionarios del Poder Judicial y de la Sunat, recibieron 18 meses de prisión preventiva. Los demás detenidos afrontan comparecencia con restricciones, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la magnitud de la red.
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