El partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga presentó su plan de gobierno 2026-2031 con una apuesta por la reestructuración profunda del Estado peruano y una ofensiva directa contra la corrupción, la debilidad institucional y el déficit de derechos básicos.
El documento, que perfila el rumbo estratégico y programático de la organización, plantea la creación de una Central de lucha contra la corrupción (CCC) con plenos poderes, una política asistencial enfocada en la erradicación de la extrema pobreza y reformas estructurales para promover la industrialización y el acceso a servicios fundamentales.
El documento arranca con la reafirmación de principios humanistas y cristianos, subrayando la prioridad del desarrollo integral “de la persona y la familia”, así como el respeto “irrestricto” a las libertades individuales y la seguridad jurídica marcada por la Constitución Política del Perú.
Tras un diagnóstico de profunda desconfianza ciudadana y corrupción endémica en las instituciones, el plan declara el objetivo de recuperar la autoridad y restablecer la confianza social en el Estado.
Uno de los ejes más distintivos del plan es la propuesta de crear una Central de lucha contra la corrupción. Esta entidad, “dotada de plenos poderes”, tendría el mandato de “detectar, infiltrar y capturar el delito cometido en flagrancia”, así como fiscalizar el patrimonio de los funcionarios públicos. El objetivo es reducir de forma “sustancial” los niveles de corrupción y reconstruir la confianza en las instituciones, un enfoque considerado “drástico” y central en comparación con iniciativas previas.
La CCC también tendrá potestad para intervenir en todos los niveles de gobierno y su atribución incluirá la verificación y seguimiento del “patrimonio declarado por los funcionarios públicos”. El plan reconoce el problema de la falta de transparencia en contratos estatales y propone mecanismos específicos para atajarlo.
Seguridad ciudadana y cooperación
Frente al aumento de “delincuencia y terrorismo urbano”, Renovación Popular, plantea el despliegue de Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana, así como un “convenio con el Gobierno de los Estados Unidos de América” para el uso de “tecnología de punta” y extradición inmediata de líderes de organizaciones criminales.
El acceso a sistemas de videovigilancia y el fortalecimiento del servicio de inteligencia figuran entre las prioridades para reducir la violencia y el microtráfico de drogas. Todas estas acciones pasarían a estar coordinadas por “todas las instituciones del Sistema de Seguridad Ciudadana”, entre ellas la Policía, serenazgo, Poder Judicial, Fiscalía y organizaciones sociales, con el propósito de establecer un enfoque integral contra el crimen.
El plan también busca reforzar las organizaciones populares para la distribución de ayuda alimentaria, teniendo como meta transformar a los beneficiarios en “una pujante clase de emprendedores”. Se plantea revisar los programas sociales para eliminar duplicidades y asegurar que los alimentos provengan de productores nacionales.
Asimismo, prevé la compra directa de canastas básicas a agricultores indígenas como estrategia para impulsar la economía rural y disminuir tanto la desnutrición como la pobreza extrema.
Vivienda, educación y equidad
El plan identifica el “déficit de viviendas populares” como un problema central y prevé habilitar terrenos estatales con acceso a servicios básicos, promoviendo asentamientos urbanos y la instalación de tanques de agua en zonas de extrema pobreza. Propone también descentralizar los programas de apoyo social, incorporando representantes comunitarios en los directorios que deciden sobre salud y educación, y capacitar agentes de desarrollo seleccionados localmente.
En salud, el partido plantea la obligación de disponer de medicamentos genéricos en todas las farmacias y dotar de personal a las postas médicas. Da prioridad a una atención primaria robusta y a fomentar la especialidad como “Salud Familiar”. Por otra parte, destaca la creación de una “Oficina Nacional de Salud Ocupacional”, módulos de calificación profesional continua y el trato humanizado en el ámbito sanitario.
En educación, sobresale la propuesta de participación de los padres en la fiscalización y evaluación docente, la incorporación del deporte a todos los niveles mediante la creación de Centros de Alto Rendimiento Deportivo (CAR) y la promoción de créditos y capacitación para la “mujer emprendedora”, colocando a la mujer como “motor de la economía familiar”.
Modernización y nuevas reglas
El plan denuncia el exceso de burocracia y deficiencia en la organización ministerial, por lo que prevé una “intensiva simplificación administrativa” y la creación de un Código del Servicio Público con compromisos de mejora y sanciones por mal desempeño. Se incluye la reducción del número de ministerios existentes por “ineficiencia y gasto corriente”, con especial atención en las asesorías sin sustento técnico.
Propone descentralizar sedes ministeriales y el Poder Ejecutivo, así como otorgar incentivos económicos a gobiernos regionales y locales vinculados al cumplimiento de metas básicas. Para el ingreso al servicio público, se prioriza la “profesionalización y la meritocracia”, con evaluaciones permanentes y énfasis en pruebas de conocimientos.
Por otro lado, se impulsa permitir que controversias comerciales y civiles se resuelvan mayoritariamente en arbitrajes, lo que busca disminuir la “carga procesal” en el Poder Judicial y agilizar resoluciones. Además, plantea el acceso de “jóvenes jueces” a la magistratura tras formación y tutoría especializadas, y que los órganos de control dependan de la Junta Nacional de Justicia, responsable de las sanciones por corrupción.
Perspectiva y política migratoria
Renovación Popular aboga por fortalecer el multilateralismo y la integración latinoamericana, además de mantener relaciones estratégicas con Asia, la Unión Europea y áfrica, con énfasis en la soberanía nacional. El plan agrega como novedad la adscripción de la Superintendencia Nacional de Migraciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y la creación de un marco de regularización para extranjeros sin antecedentes, permitiendo su contribución económica y reduciendo trámites.
Modifica el plazo para la nacionalidad peruana: quienes hayan residido legalmente y sin antecedentes durante cinco años pueden solicitarla, o dos años en caso de matrimonio o hijos peruanos.
En defensa, se prioriza la modernización de las Fuerzas Armadas, con acciones para culminar la pacificación del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y reforzar la presencia en Putumayo y Guepi. Se incorpora el pago del servicio militar al salario mínimo y la creación de una carrera pública para funcionarios civiles en el sector Defensa.
Reforma y cuidado ambiental
El plan económico apunta a transformar el sistema tributario, reduciendo los regímenes a uno solo “amigable” para emprendedores, bajar la tasa del IGV, eliminar exoneraciones y promulgar una Ley del Contribuyente para la seguridad jurídica. El objetivo es crecer anualmente hasta alcanzar un 7% del PBI y mantener la inflación por debajo del 2,5%.
Se proyecta la creación de “dos millones de empleos nuevos” en sectores con mayor valor agregado, beneficios tributarios para la instalación de industrias extranjeras y desarrollo de clusters y parques industriales, especialmente para las PYMEs. También se impulsa el acompañamiento a pequeñas empresas mediante el “Banco Pyme” y la certificación CERTIPYME.
En infraestructura, se priorizan trenes, autopistas, sistemas BRT, y la recuperación de puertos, aeropuertos y red ferroviaria.
El plan da especial énfasis a la reducción de gases de efecto invernadero y señala al Perú como uno de los países con mayor biodiversidad, firmante del Convenio de Kyoto. Incluye una política de reforestación de 2 millones de hectáreas en 4 años con apoyo de reservistas, además de mecanismos para evitar el vertimiento de desechos en cuerpos de agua y un programa de emergencia de “agua en la esquina”.
La defensa y promoción de comunidades nativas y originarias, el impulso de la educación ambiental y la total transparencia en la gestión de recursos naturales son compromisos explícitos.
El partido concluye con una promesa de revisión anual del presupuesto y el compromiso de que el presidente informe ante el Parlamento cada 28 de julio sobre los avances del plan, tanto en crecimiento económico como en estabilidad fiscal.