En Perú, la promesa de matrimonio no solo representa un compromiso personal, sino que también puede generar consecuencias legales si se incumple sin justificación. La ruptura de este acuerdo, en determinadas circunstancias, abre la posibilidad de exigir una compensación económica cuando se demuestra la existencia de perjuicios concretos.
El escenario adquiere mayor relevancia en contextos donde la cancelación ocurre de forma abrupta y con implicancias públicas, como en ceremonias ya organizadas o frente a invitados. Este tipo de situaciones no solo involucra expectativas personales, sino también inversiones económicas y exposición social que pueden ser consideradas dentro de una eventual demanda.
De acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina, el marco legal peruano establece criterios claros para evaluar estos casos, con base en el Código Civil y en precedentes judiciales que determinan cuándo corresponde una indemnización.
Indemnización por ruptura de compromiso matrimonial
La jueza suprema Emilia Bustamante explicó que el ordenamiento jurídico peruano no obliga a contraer matrimonio, pero sí contempla la reparación de daños cuando la ruptura de la promesa genera perjuicios verificables. Según precisó, los tribunales pueden fijar compensaciones económicas que alcanzan hasta los 100 mil soles, siempre que se acrediten los daños ocasionados.
“El que produce un daño debe repararlo”, señaló la magistrada en declaraciones recogidas por la Agencia Andina. Esta premisa sustenta la posibilidad de iniciar acciones legales cuando se acredita afectación emocional, frustración de proyectos de vida o pérdidas económicas vinculadas a la preparación de la boda.
El Código Civil establece, además, un plazo máximo de un año desde la ruptura para presentar la demanda correspondiente, conforme al artículo 240.
Para que una acción legal prospere, la parte afectada debe presentar evidencias que respalden tanto la existencia de la promesa como los daños sufridos. Entre los elementos considerados se incluyen comprobantes de gastos relacionados con la ceremonia, como alquiler de locales, servicios de catering o vestimenta.
También resultan relevantes los informes psicológicos, testimonios de personas cercanas y registros de comunicación, como mensajes, que permitan acreditar el impacto emocional o social derivado de la cancelación del compromiso.
Bustamante remarcó que la carga probatoria resulta determinante en estos procesos. Sin documentación o sustento verificable, la demanda carece de viabilidad en el sistema judicial.
Casos agravados y exposición pública
Existen situaciones que incrementan la magnitud del daño, como la cancelación del matrimonio en el mismo día de la ceremonia o frente a los invitados. En estos casos, la afectación trasciende el ámbito privado y se convierte en un hecho de exposición social que puede influir en la valoración judicial del perjuicio.
La jueza citó un caso ocurrido en Lambayeque, en el que una mujer demandó a su pareja tras la cancelación del matrimonio, situación que derivó en la pérdida de su embarazo. “Ese sufrimiento personal, truncar el proyecto de vida y perder un hijo es cuantificable”, indicó.
Este tipo de antecedentes muestra que los tribunales consideran tanto el impacto económico como las consecuencias personales al momento de determinar una eventual reparación.
El Poder Judicial del Perú precisó que la indemnización procede cuando se cumplen tres condiciones fundamentales: la existencia de una promesa de matrimonio real y formal, la ruptura atribuible a una de las partes y la generación de daños comprobables.
El abogado Juan Carlos Del Águila, citado en la información, indicó que la demanda por incumplimiento se sustenta en la demostración de que la decisión de no contraer matrimonio resultó unilateral y sin causa válida, además de haber producido perjuicios económicos o emocionales.
En estos casos, los jueces evalúan tanto las inversiones realizadas con miras a la boda como el impacto que la cancelación pudo generar en la vida personal y social del afectado.
Devolución de regalos y bienes asociados al compromiso
El Código Civil también regula el destino de los bienes entregados en el contexto de la promesa de matrimonio. Las donaciones efectuadas con miras a la unión pueden ser revocadas si una de las partes lo solicita.
Cuando no resulta posible devolver el objeto —como en el caso de un anillo extraviado o vendido—, la normativa establece que se debe restituir su valor de reposición, conforme al artículo 1635.
Asimismo, si el bien presenta alguna carga o deuda, la legislación permite al donante asumir esa obligación y subrogarse en los derechos correspondientes.
El matrimonio en el país se basa en la voluntad de ambas partes y genera derechos y deberes en condiciones de igualdad. El artículo 234 del Código Civil establece que ambos cónyuges cuentan con las mismas responsabilidades dentro del hogar.
Este principio refuerza la idea de que, aunque la decisión de casarse es libre, las consecuencias derivadas de compromisos previos pueden ser evaluadas por la justicia cuando se producen daños verificables.