PJ incorpora al Estado como parte agraviada en investigación contra Betssy Chávez: Procuraduría podrá solicitar reparación civil

El Poder Judicial declaró fundada la solicitud de la Procuraduría General del Estado para incorporarse como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación preparatoria contra Betssy Chávez. Según informó RPP, esta decisión permitirá a la Procuraduría solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado, en caso de que Chávez sea hallada responsable por las presuntas irregularidades detectadas durante su gestión.

El juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, declaró fundada la solicitud presentada por la Procuraduría, que ahora podrá constituirse formalmente como “parte agraviada” en el proceso. La resolución judicial considera que la petición cumple con los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal y le otorga a la Procuraduría la facultad de exigir compensaciones económicas si se confirma la comisión de delitos en perjuicio del Estado.

La investigación se centra en la supuesta contratación irregular de familiares de la entonces pareja sentimental de Chávez, Abel Sotelo, en cargos del Estado. La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos comunicó que se avoca al caso y declaró su complejidad, estableciendo un plazo de ocho meses para el desarrollo de la investigación.

Hipótesis fiscal y detalle de los hechos

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, Betssy Chávez habría incurrido en presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado. La investigación sostiene que la exfuncionaria mostró un interés indebido en la contratación de Marco y Flor Sotelo, hermanos de su entonces pareja, para desempeñarse como asistente y auxiliar en su despacho congresal.

De acuerco con citado medio, la Fiscalía también indica que Chávez habría intervenido en la designación de Marco Sotelo como apoyo administrativo en la Red Asistencial Tacna de EsSalud, una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Además, se le atribuye haber influido en la contratación de Antonio Sotelo, padre de Abel Sotelo, quien fue nombrado intendente regional de Puno en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Estas acciones, de ser comprobadas, comprometerían a Chávez en un esquema de tráfico de influencias y aprovechamiento indebido de funciones públicas, lo que agravaría su situación legal y permitiría al Estado reclamar una reparación civil.

Situación judicial de Betssy Chávez

Betssy Chávez fue condenada el 4 de diciembre de 2025 a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, siendo ordenada su ubicación y captura a nivel nacional e internacional. Esta condena se deriva de su presunta participación en el fallido golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

Actualmente, la exjefa del Gabinete Ministerial permanece en la Residencia de la Embajada de México en Lima, luego de que el gobierno mexicano le otorgara asilo diplomático. Esta situación marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que enfrenta, mientras la Procuraduría General del Estado busca ahora la posibilidad de obtener una reparación civil en caso de que se confirme su responsabilidad penal.

¿Salvoconducto a México?

El Poder Judicial evaluará el 13 de marzo la posibilidad de otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez, expremier condenada por conspiración para la rebelión, con el fin de que pueda salir del país rumbo a México. El Décimo Juzgado Constitucional de Lima revisará en audiencia virtual un hábeas corpus presentado por un ciudadano, que solicita la entrega inmediata de este documento, argumentando la vulneración de derechos fundamentales y la existencia de una amenaza real a la libertad de Chávez, quien permanece asilada en la embajada de México en Lima.

El recurso judicial sostiene que la negativa del Estado peruano a otorgar el salvoconducto y la orden de captura vigente vulneran derechos individuales y compromisos internacionales, en especial los establecidos por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El hábeas corpus también denuncia las declaraciones públicas del entonces presidente José Jerí, quien mencionó la posibilidad de un ingreso forzado a la sede diplomática para detener a Chávez, lo que se considera una amenaza a la inviolabilidad de la embajada y a la inmunidad diplomática.

Además de solicitar el salvoconducto, el hábeas corpus exige al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional abstenerse de realizar cualquier operativo de captura o intervención en la embajada mexicana. El documento pide medidas adicionales, como la imposición de multas coercitivas y la posibilidad de denuncias penales por desacato ante cualquier intento de ejecutar órdenes judiciales dentro de la sede diplomática, así como el retiro de la vigilancia policial y actos de hostigamiento en los alrededores de la misión diplomática.