El Poder Judicial amplió por 7 meses la prisión preventiva contra el exministro de Vivienda del golpista expresidente Pedro Castillo, Geiner Alvarado.
Así lo ordenó el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley al declara fundado en parte el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
Al igual que en el caso del expresidente Pedro Castillo, el Juzgado toma en cuenta que existe una especial dificultad en la investigación, aunque no en la magnitud que argumentó la Fiscalía, y peligro de que Alvarado huya de la justicia si es que recuperar la libertad.
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Checkley sostiene que la prolongación de la prisión preventiva “resulta idónea” y necesaria para asegurar el objetivo del desarrollo del proceso penal, aunque no por el plazo de 12 meses solicitado por el Ministerio Público.
“Se está frente a un proceso por crimen organizado, que fue prorrogado por 20 meses para continuar la investigación preparatoria (concluirá en octubre del 2027), no cuenta con pluralidad de imputados, las pericias practicadas iniciaron en el año 2023, aunque existen ciertas diligencias por realizar; este Juzgado Supremo considera proporcional, razonable y necesario prolongar la medida por 7 meses adicionales”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae.
Así, de confirmarse la decisión, Geiner Alvarado permanecerá recluido en un centro penitenciario hasta el 31 de octubre de 2026.
Pedro Castillo en prisión
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decidió extender la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por un año más, debido a que se le investiga por presuntamente liderar una organización criminal durante su gobierno.
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La medida, que vencía a inicios de marzo de 2026, fue solicitada por la Fiscalía y aprobada por el juez supremo Edhin Campos. Según la resolución, persiste un riesgo elevado de fuga, el cual se habría intensificado tras la reciente condena de 11 años y 5 meses de prisión que recibió Castillo por el delito de conspiración para la rebelión.
El juez argumentó que, al tratarse ahora de una condena concreta (y no solo de una posible pena), el incentivo para evadir la justicia es mayor. Además, se considera que existe un “entorno internacional favorable” a una eventual fuga, en referencia a las posiciones adoptadas por los gobiernos de México (tanto durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador como la actual de Claudia Sheinbaum), que han cuestionado el proceso judicial contra Castillo y podrían ofrecerle algún tipo de protección o asilo.
La investigación fiscal acusa a Pedro Castillo de haber encabezado una estructura criminal organizada que operaba desde el Estado, con presencia en tres entidades principales: Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda.
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Según la Fiscalía, esta red tenía como objetivo copar puestos clave en el aparato público y direccionar contrataciones estatales hacia empresas y personas cercanas al expresidente.
El juez concluyó que, de recuperarse su libertad, existe un riesgo real y concreto de que Castillo intente sustraerse del proceso penal, lo que justificaría mantener la medida cautelar por 12 meses adicionales.