El Colegio de Abogados de Lima (CAL) cuestionó abiertamente la llegada de Tomás Aladino Gálvez Villegas a la Fiscalía de la Nación y advirtió que el proceso genera preocupación en el sistema de justicia. En un comunicado, el gremio señaló que la elección se da en un escenario poco común, donde varios de los candidatos tenían investigaciones o cuestionamientos en curso.
“Resulta preocupante que las candidaturas recayeran en fiscales supremos con serios cuestionamientos legales”, indicó el CAL, al referirse al perfil de quienes aspiraban al cargo. La institución remarcó que esta situación no tiene precedentes en la historia reciente del Ministerio Público.
Esto en alusión, además de Tomás Gálvez, a Patricia Benavides, quien fue destituida y además está investigada por el caso Valkiria; y Luis Arce, vinculado al caso de Los Cuellos Blancos.
El CAL también criticó el contexto en el que se produce la designación, marcado por la salida de la exfiscal de la Nación Delia Milagros Espinoza Valenzuela. Para el gremio, su destitución fue “ilegal, arbitraria e inconstitucional”, y forma parte de una serie de decisiones que, según advierten, afectan la estabilidad de las instituciones.
En esa línea, alertó sobre un posible uso indebido de mecanismos disciplinarios. “Rechazamos la instrumentalización y el eventual abuso de poder”, señala el pronunciamiento. Además, exhortó a las autoridades a garantizar la independencia de jueces y fiscales, al advertir que la democracia atraviesa un momento delicado.
“Exhortamos a las autoridades a que se restablezca plenamente el Estado de Derecho, se respete la independencia y autonomía de las instituciones y se garantice el ejercicio libre de la magistratura, sin presiones ni represalias que incidan en la independencia, permanencia y estabilidad en el cargo de magistrados probos y reconocidos por la sociedad. Solo así será posible preservar y recomponer nuestra actualmente debilitada democracia", culmina.
Oficialización del nombramiento y juramentación
Pese a las críticas y protestas el nombrameinto de Gálvez como Fiscal de la Nación para el periodo 2026–2029 ya fue oficializado. La decisión quedó registrada en una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, luego de una votación interna entre los fiscales supremos.
La elección se realizó el 23 de marzo en una sesión extraordinaria y fue definida por mayoría, mediante voto secreto. Gálvez, quien ya venía ocupando el cargo de manera interina desde septiembre de 2025, logró así mantenerse al frente de la institución, pero ahora como titular.
El documento también fija la fecha en la que asumirá formalmente el cargo. “El periodo se iniciará con su juramentación”, prevista para el 27 de marzo, según se detalla en la resolución.
Su nombramiento se da tras la salida definitiva de Espinoza, luego de que la Junta Nacional de Justicia confirmara su destitución y rechazara los recursos que presentó para revertir la sanción.
Cuestionamientos y trayectoria de Tomás Gálvez
La llegada de Gálvez al cargo ocurre en medio de cuestionamientos que lo han acompañado en los últimos años. Su nombre fue incluido en investigaciones por el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en el país. Aunque la Fiscalía presentó cargos, el Congreso decidió archivar las denuncias.
También fue vinculado a la organización conocida como “Los Gánsters de la Política”. Sin embargo, ese proceso tampoco avanzó tras decisiones adoptadas en el ámbito parlamentario.
A pesar de estos antecedentes, Gálvez se mantuvo en el Ministerio Público y llegó a ocupar la Fiscalía de la Nación de forma interina. Su permanencia en el sistema y posterior elección reflejan el peso de las decisiones políticas y parlamentarias en estos casos.
Cambios en el Ministerio Público durante su gestión
Durante su periodo como fiscal interino, Gálvez impulsó medidas que generaron impacto dentro del Ministerio Público. La más significativa fue la eliminación de varios equipos especiales, entre ellos los encargados de los casos Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y las investigaciones por muertes en protestas sociales.
El propio Gálvez justificó esta decisión al señalar que buscaba “unificar la estrategia de persecución penal” y reorganizar el trabajo de las fiscalías. Sin embargo, la medida fue criticada por su efecto en investigaciones sensibles.
La reestructuración implicó trasladar los casos a otras áreas y reasignar a fiscales y personal. Aunque las investigaciones continúan, ahora lo hacen bajo una nueva organización interna.
Estas decisiones, sumadas a los cuestionamientos previos, marcan el inicio de una gestión que no solo enfrenta críticas desde el ámbito jurídico, sino también expectativas sobre el rumbo que tomará el Ministerio Público en los próximos años.