El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó la declaración de emergencia del servicio de transporte terrestre en la Ruta Nacional PE-28 A, conocida como Vía Los Libertadores, en el tramo que va desde el Empalme PE-1S (San Clemente) hasta el Empalme PE-3S (Ayacucho).
La medida, establecida mediante la Resolución Ministerial N° 155-2026-MTC/01.02, responde a la necesidad de adoptar acciones inmediatas ante el deterioro de la infraestructura vial en este corredor, fundamental para la conectividad entre la costa y la sierra central del país.
Vía Los Libertadores: daños estructurales ponen en riesgo transitabilidad
La decisión del MTC se basa en los informes técnicos proporcionados por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, la Dirección General de Autorizaciones en Transportes y la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal.
Estos informes identificaron daños graves en el tramo Puente Mesie–Occollo, con problemas como asentamientos diferenciales, inestabilidad geodinámica, socavación hidráulica, pérdida de plataforma, hundimientos de calzada, colapso parcial de la vía y la presencia de una falla geológica activa. Estas condiciones ponen en riesgo la seguridad de los usuarios y comprometen la continuidad del servicio público de transporte.
La Vía Los Libertadores es un eje estratégico que facilita el tránsito de personas y mercancías entre los departamentos de Ica y Ayacucho, atravesando zonas productivas y de alta dinámica comercial.
Fallas geológicas y hundimientos agravan los riesgos en la ruta
Según la información de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, existen 77 empresas autorizadas para operar en esta ruta, con un parque de 205 vehículos, lo que representa aproximadamente 146 mil usuarios afectados por las restricciones y posibles interrupciones del servicio debido al estado de la vía.
El tramo PE-28 A forma parte de la concesión adjudicada por ProInversión a la Concesionaria Vial del Centro, integrada por Construcción y Administración S.A. y la empresa Hidalgo e Hidalgo S.A. (COVICENTRO).
Sin embargo, 121 kilómetros de la carretera aún permanecen bajo administración de PROVIAS NACIONAL, mientras que los segmentos entregados al concesionario presentan fallas identificadas como críticas, lo que ha impedido el traspaso total de la infraestructura.
Intervención de Provías y ProInversión no logra garantizar seguridad
Ante este escenario, la declaratoria de emergencia permite al MTC, Provías Nacional y las entidades correspondientes ejecutar intervenciones directas o a través de empresas contratistas, priorizando la restauración de la operatividad y seguridad de la vía.
También autoriza la coordinación con gobiernos regionales y locales para implementar las acciones necesarias y garantizar la continuidad del servicio público de transporte terrestre.
La normativa establece un plazo de emergencia de 180 días calendario, prorrogable según las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1704.
Además, el MTC dispuso que Provías Nacional y la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes informen, en un plazo de diez días desde la publicación de la resolución, sobre las acciones realizadas al Despacho Viceministerial de Transportes.
Mantenimiento millonario no resolvió el deterioro de la vía
Hacemos menos de dos años, Infobae Perú informó que el MTC gastó casi S/100 millones en el mantenimiento de la Vía Los Libertadores en 2022, sin que ello lograra mejorar de manera significativa el estado de la carretera.
Un accidente ocurrido en la misma vía, en el que fallecieron 17 personas, evidenció que los trabajos realizados no resolvieron los problemas de transitabilidad ni los riesgos para los usuarios.
Diversos sectores de la sociedad ayacuchana solicitaron entonces una nueva intervención del Gobierno Central para garantizar condiciones adecuadas en la ruta. El proceso de mantenimiento estuvo marcado por concursos públicos declarados desiertos, cambios de contratistas y demoras en la ejecución.
Finalmente, el Consorcio Santa Gabriela asumió las obras por S/93,6 millones, pero la persistencia de huecos y daños, incluso tras las intervenciones, continuó afectando a transportistas, turistas y habitantes.
Las autoridades regionales y empresariales insistieron en la urgencia de nuevos trabajos, señalando que el mal estado de la vía impactó también en la actividad económica y turística de Ayacucho.