La incertidumbre política en Perú, que ha decantado en la censura de José Jerí como presidente del Congreso y presidenta interina de la República, ha llegado como corolario para un fuerte apetito por mecanismos de protección patrimonial y fideicomisos.
Este tipo de herramientas gana terreno en el país porque más personas, familias y empresas buscan resguardar su patrimonio ante un escenario donde la inestabilidad institucional y la desconfianza en el rumbo político se profundizan, de acuerdo con un análisis de TMF Group.
El antecedente: fuga de capitales y desconfianza en el sistema
Según la consultora especializada, la creciente crisis política y la inminencia de la primera vuelta presidencial, programada para el 12 de abril, han elevado la percepción de riesgo.
La incertidumbre sobre quién asumirá la presidencia interina y la falta de señales claras sobre la estabilidad futura, han impulsado a distintos actores a priorizar mecanismos de protección que no impliquen la salida de capitales del país, pero que sí los aíslen de la turbulencia política.
En ciclos electorales previos, como el de 2021, Perú fue escenario de una fuga de capitales significativa. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que las reservas internacionales cayeron en cerca de 9.000 millones de dólares.
Aunque parte de esos fondos permaneció en efectivo en los hogares, la tendencia reflejaba un clima de temor ante posibles medidas confiscatorias, reformas tributarias abruptas o amenazas a la propiedad privada, explica TMF Group.
Fideicomisos: ¿refugio ante la falta de certezas?
Históricamente, la salida de fondos a jurisdicciones offshore fue la vía preferida para quienes desconfiaban de la capacidad del Estado de garantizar reglas estables.
No obstante, Geraldo Arosemena, managing director de TMF Group para Perú y Bolivia, señala que hoy ese camino se ha vuelto menos atractivo: los altos costos legales, la presión de la fiscalización internacional y la complejidad operativa afectan la viabilidad de mantener activos en el extranjero, especialmente para quienes siguen operando en el mercado local.
En este contexto, el recurso a fideicomisos locales se ha vuelto recurrente. Según TMF Group, la principal razón detrás de su auge es el deseo de separar jurídicamente los activos del riesgo político y personal, asignando la administración a entidades fiduciarias independientes bajo el amparo de la legislación.
El atractivo, sostiene Arosemena, se potencia por la percepción de que el sistema político es incapaz de ofrecer certezas mínimas para la inversión y la tranquilidad patrimonial. Entre los beneficios más citados figuran:
- Protección patrimonial efectiva: los activos quedan fuera del alcance de eventuales medidas arbitrarias, litigios o embargos.
- Transparencia y control: las condiciones del fideicomiso se fijan desde el inicio y su cumplimiento está en manos de un tercero independiente, no sujeto a presiones políticas.
- Eficiencia operativa: mantener el capital en el país evita la pérdida de oportunidades de negocio y los costos de la deslocalización.
- Menor exposición a la fiscalización internacional: la estructura local reduce la complejidad y los riesgos de sanciones o reportes cruzados entre jurisdicciones.
- Flexibilidad: los fideicomisos pueden adaptarse a distintas necesidades, como protección de flujos, planificación sucesoria o garantías frente a terceros.
Un síntoma de desconfianza estructural
Finalmente, Arosemena advierte que el auge de los fideicomisos es, en el fondo, un síntoma también de desconfianza en el sistema político y jurídico peruano.
El hecho de que más empresarios y familias busquen blindar sus activos, no solo ante el proceso electoral sino como estrategia permanente, muestra cuán arraigada está la percepción de inestabilidad y la falta de confianza en que el país pueda ofrecer seguridad jurídica a mediano plazo.