En enero de 2026, la Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas, rescató a 29 trabajadores retenidos en la mina Sanone, en Pataz. El caso ilustra cómo la disputa por el control de la extracción y comercialización ilegal de oro viene deteriorando la seguridad y amenaza la continuidad de actividades productivas en la región.
Los registros del Ministerio Público confirman este deterioro. Entre 2019 y 2025, la tasa de denuncias por extorsión en La Libertad se duplicó: pasó de 72,2 a 162 denuncias por cada 100 mil habitantes. En ese periodo, 12 de las 13 provincias triplicaron sus tasas de denuncias por extorsión. Chepén y Virú registraron multiplicar sus tasas de denuncias por más de seis respecto de 2019.
Este patrón se condice con el avance de la minería ilegal, actividad que suele articularse con redes de crimen organizado. En 2025, La Libertad registró 19,2 denuncias vinculadas a minería ilegal por cada 100 mil habitantes, casi el triple que en 2019 (6,6), y por encima del promedio nacional (16,5). Además, desde 2019 mantiene la mayor tasa de denuncias por minería ilegal entre las regiones del norte.
En 2025, Pataz acumuló el 69% de las denuncias por minería ilegal en la región. En paralelo, su tasa de denuncias por extorsión alcanzó 43,8 por cada 100 mil habitantes, 12 veces más que en 2020 (3,5). En Otuzco y Trujillo, que en conjunto concentran el 18,6% de las denuncias por minería ilegal, las tasas de extorsión llegaron a 54,5 y 221,3 denuncias por cada 100 mil habitantes, respectivamente; esto equivale a niveles quince y cinco veces superiores a los de 2020.
La respuesta pública enfrenta un problema adicional: el presupuesto. En 2025, la región ejecutó el 98,6% del presupuesto de inversión pública asignado para la función de orden público (S/ 741 millones). No obstante, con información a febrero de 2026, el presupuesto aprobado cae a S/ 292 millones (-60,7%). Esta disminución responde, principalmente, a la ausencia de proyectos incorporados en 2025 que cerraron con avances menores al 90% y no fueron reingresados en la cartera de 2026. Se trata de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana —como la ampliación y mejoramiento del serenazgo, la reparación de infraestructura de vigilancia y la adquisición de tecnología para monitoreo y videovigilancia— en distritos como Ascope, Virú, Trujillo y Pataz.
Para combatir el avance de la inseguridad, se requiere fortalecer a la PNP y mejorar la coordinación con las autoridades locales, con un enfoque territorial en las zonas más expuestas a las economías ilegales. Esto implica mejorar equipamiento, movilidad e inteligencia operativa, además de acelerar la modernización de las comisarías. Para destrabar inversión, resulta clave aprovechar mecanismos como Obras por Impuestos (OXI) y APP.
Artículo elaborado por María Alejandra Ormeño, jefa de políticas públicas del IPE, con colaboración de Maylith Coronel
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