El Gobierno del presidente José Jerí podría aprobar este viernes 13 de febrero el Plan Nacional de Seguridad 2026-2028, que contempla 132 intervenciones estratégicas y un paquete de nuevos decretos legislativos orientados a responder a la demanda social de protección ante el aumento de los delitos violentos en el país, según lo indicado por los ministros Ernesto Álvarez (PCM) y Walter Martinez (Minjus).
Álvarez confirmó en conferencia de prensa que Jerí encabezará la presentación del plan ante el Consejo de Ministros. Según lo comunicado en el encuentro con medios, la aprobación del documento se concretó tras un proceso de consulta técnica en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), con aportes de gobiernos regionales y operadores del sistema de justicia.
Según los representantes del Ejecutivo, el Plan Nacional de Seguridad 2026-2028 incluye 132 acciones prioritarias, de las cuales 49 estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en materia de prevención, inteligencia e investigación.
Por otro lado, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que el plan impulsa la articulación multisectorial con entidades como SUCAMEC, Migraciones y OSIPTEL, además de organismos judiciales, con énfasis en la lucha contra delitos de extorsión y homicidio.
El documento establece una hoja de ruta con indicadores medibles y coordinación interinstitucional. El presidente José Jerí subrayó que el objetivo es crear condiciones para la inversión y el cierre de brechas sociales mediante el fortalecimiento de la seguridad.
El ministro de Justicia, Walter Martínez, anunció la aprobación de varios decretos legislativos, entre los cuales destaca la creación de un subsistema especializado para el procesamiento de delitos de extorsión, sicariato, secuestro, homicidio calificado y coacción. Martínez precisó que la articulación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia busca optimizar la eficiencia y especialización en estos procesos.
“Otro decreto legislativo muy importante que ha sido aprobado es el que crea el régimen cerrado de extrema seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios para que en ellos estén los delincuentes más peligrosos (...). Este régimen de extrema seguridad contiene condiciones penitenciarias más duras que van a estar enfocadas en los delincuentes más peligrosos, extorsionadores, secuestradores, sicarios. Asimismo, los jefes de organizaciones criminales, de bandas criminales, quienes automáticamente serán colocados en este régimen especial de extrema seguridad (...)”, aseguró el ministro Martínez.
Las nuevas condiciones contemplan visitas solo una vez al mes durante una hora, una hora diaria de salida al patio y restricciones en espacios comunes como pasadizos y escaleras. Además, el marco legal sanciona a quienes suministren ilegalmente servicios de telecomunicaciones en penales o centros juveniles, con el objetivo de impedir la organización de delitos desde el interior, según detalló Martínez.
Por su parte, Óscar Arriola destacó que la ley ahora permite a la policía acceder de inmediato y de forma legal a la información registrada en teléfonos móviles incautados durante intervenciones en flagrancia por delitos graves como extorsión o sicariato. Esta disposición facilita la identificación de redes delictivas, la localización de involucrados y la recopilación de registros visuales vinculados a hechos investigados. Las autoridades consideran que esta facultad constituye una herramienta decisiva para la desarticulación de organizaciones criminales.
Aunque el gobierno remarcó el carácter innovador y articulador del plan, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, calificó el documento preliminar como “bastante general”, argumentando que se trata de “un conjunto de generalidades” y que no observa novedades frente a iniciativas previas, como los estados de emergencia.
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