La Policía Nacional (PNP) ha favorecido la posibilidad de impunidad en el asesinato de la abogada Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso cuya muerte expuso una presunta red de prostitución en el Parlamento, según un informe publicado el viernes por el semanario de investigación Hildebrandt en sus trece.
La revista evidenció graves deficiencias y omisiones en la investigación policial, bajo la jefatura del coronel Carlos Morales, responsable de la División de Investigación de Homicidios.
El oficial asumió el cargo veinte días después del asesinato, perpetrado en diciembre de 2024, cuando los agentes designados no contaban con pistas sólidas. Su llegada al cargo no generó avances. Se extraviaron registros de cámaras de seguridad de la zona y, en lugar de incautar el material, los policías entregaron oficios a vecinos del lugar solicitando que aportaran voluntariamente los videos, lo que ocurrió en muy pocos casos, según el informe.
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El equipo de ocho agentes liderado por el teniente Yousef Villafuerte inició la pesquisa con pruebas limitadas y reportaba al comandante Ricardo Sánchez Poma, subordinado de Morales. La baja calidad de las imágenes y la escasa iluminación dificultaron la identificación de los responsables.
Pese a ello, una cámara permitió ubicar el vehículo de los presuntos atacantes que dispararon a Vidal mientras viajaba en un taxi, cuyo conductor murió en el acto. Las imágenes muestran a un hombre y una mujer en el auto, aunque no fue posible identificar sus rostros.
Morales informó al Juzgado y al comando superior, pero no obtuvo respuesta. Aunque el auto utilizado en el crimen había sido plenamente identificado, no se dispuso ninguna intervención para incautarlo ni detener a su usuario. El equipo de Villafuerte propuso actuar sobre el vehículo, pero Morales optó por centrar los esfuerzos en otros autos y rutas.
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De acuerdo con el semanario, el coche circuló posteriormente por Lima, cambió placas y documentos, y fue observado por última vez en Huacho, antes de que se le perdiera el rastro. La Fiscalía solicitó en varias oportunidades a Morales información sobre el caso, sin tener respuesta. La publicación indica que desde agosto la investigación no muestra avances.
Otra línea de pesquisa también quedó bloqueada. La munición utilizada coincidía con un arma empleada en un asalto en febrero de 2025. Uno de los implicados en ese delito había sido capturado y permanecía en prisión preventiva, pero Morales no autorizó interrogar al detenido y ordenó concentrar la búsqueda en el vehículo.
En octubre, el teniente Villafuerte fue apartado del caso. El celular de Vidal continúa incautado y no ha sido desbloqueado. Tampoco se indagó sobre las identidades de quienes le enviaron dinero semanas antes de su muerte. El Ministerio Público pidió en repetidas ocasiones a la PNP la remisión de la carpeta del caso y los resultados de la investigación preliminar, pero tampoco recibió respuesta.
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“De la información que entregue la División de Homicidios dependerá si la Fiscalía decide archivar o continuar con el caso. El desenlace parece previsible”, concluye el artículo.
Vidal, de 28 años, trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y, según una investigación del programa televisivo Beto a saber, presuntamente estuvo implicada en la red de prostitución en el Parlamento.
La investigación señala que el exjefe de la Oficina Legal del Congreso, Jorge Torres Saravia, contrató a mujeres sin experiencia ni los requisitos legales para cargos de asesoras y secretarias, aunque en realidad se dedicaban a la prostitución en la sede parlamentaria.
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El programa informó también que Torres fue denunciado en 2020 por una presunta violación durante la campaña del entonces congresista Luis Valdez, cercano al líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. No obstante, el exfuncionario afirmó que la denuncia fue archivada y señaló que ingresó al Congreso en 2020 como asesor de Valdez.