La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) rechazó presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de cámaras de videovigilancia destinadas a buses del transporte público. Mediante un comunicado oficial, la entidad negó cualquier tipo de favorecimiento en la contratación y cuestionó las versiones difundidas por un medio de comunicación.
La ATU sostuvo que las afirmaciones que pretenden vincularla con supuestas anomalías carecen de sustento y precisó que se trata de un organismo técnico que actúa dentro del marco normativo. Asimismo, remarcó que el sistema de videovigilancia está orientado a fortalecer la seguridad de los usuarios y operadores del servicio de transporte regular en Lima y Callao.
Proceso en ejecución y sin adjudicación
La entidad también aclaró que el proceso de adquisición aún se encuentra en curso y que no se ha otorgado la buena pro ni adjudicado el contrato a ningún postor. Según indicó, en esta etapa se vienen realizando consultas a las áreas técnicas correspondientes como parte del procedimiento regular.
En ese sentido, la ATU enfatizó que actualmente no existe contrato firmado ni una relación definitiva de postulantes, por lo que consideró incorrecto señalar irregularidades en un proceso que todavía no ha concluido y que continúa abierto conforme a ley.
Transparencia y criterios técnicos
Tanto la institución como su presidente ejecutivo, David Hernández, reiteraron que la compra de las cámaras responde exclusivamente a criterios técnicos. Señalaron que el procedimiento se desarrolla de manera pública y transparente, siguiendo los mecanismos establecidos en la normativa vigente sobre contrataciones del Estado.
Hernández indicó que los procesos institucionales de la ATU se encuentran debidamente transparentados y que incluso las visitas institucionales vinculadas a los procedimientos son registradas. Con ello, buscó deslindar de manera tajante con cualquier especulación sobre posibles actos irregulares.
Modificaciones a las bases del proceso
Respecto a los cambios en las bases del contrato, el presidente de la ATU explicó que se realizó una ampliación del plazo de entrega de las cámaras como resultado de las consultas formuladas por los propios postores interesados. Aclaró que este tipo de modificaciones forma parte del desarrollo normal de un proceso de contratación.
Asimismo, señaló que las bases pueden seguir ajustándose mientras el proceso continúe, siempre dentro de los márgenes que permite la normativa, y estimó que, de no presentarse nuevas modificaciones, la adjudicación podría concretarse antes de que finalice el mes.
Finalmente, Hernández reafirmó el compromiso de la ATU con la transparencia y la integridad institucional. Indicó que la entidad mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier irregularidad y aseguró que todos los procesos se conducen con apego a la ley y a los principios de la administración pública.
ATU actualiza lineamientos de control GPS
Por otro lado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), actualizó los lineamientos para los sistemas de control y monitoreo inalámbrico GPS en el transporte público, con el objetivo de facilitar el cumplimiento del nuevo régimen de autorizaciones. La medida fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.° D-000001-2026-ATU/DIR, publicada en el diario oficial El Peruano, y establece nuevas características y funcionalidades mínimas que deberán cumplir estos sistemas, a fin de asegurar una transmisión más eficiente de la información al centro de gestión y monitoreo del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de la ATU.
La actualización permitirá un control más preciso de aspectos operativos como la frecuencia de circulación de los buses, el cumplimiento de rutas, la velocidad y la proximidad entre unidades, en concordancia con el Reglamento del Régimen Excepcional del transporte regular autorizado. Para ello, se incorporaron nuevos campos técnicos orientados a mejorar la supervisión de las condiciones de operación y se eliminaron otros considerados de menor utilidad. Las nuevas especificaciones entrarán en vigencia en un plazo de 30 días hábiles, periodo durante el cual los operadores deberán adecuar sus sistemas, como parte del proceso de modernización del servicio de transporte urbano.