Exfiscal Sandra Castro fuera definitivamente de las Elecciones: JNE confirma que su candidatura es improcedente

La exfiscal Sandra Castro quedó fuera definitivamente de las Elecciones 2026. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que la candidatura de la exmiembro del Ministerio Público al Senado por el Partido Morado es improcedente.

Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 rechazó la inscripción de Castro Castillo debido a que no renunció al cargo de fiscal adjunta provincial provisional en octubre de 2025. Esto en aplicación del artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), que establece que no pueden postular al Congreso, entre otros, los integrantes del Ministerio Público salvo que renuncien a la institución 6 meses antes del día de los comicios, es decir, octubre del año pasado.

Si bien la exfiscal presentó una licencia sin goce de haber de su cargo, el JNE sostiene que ello "no resulta jurídicamente equivalente a la renuncia exigida por la norma“.

El máximo tribunal electoral también saca a colación que la Constitución establece una prohibición expresa para jueces y fiscales de no participar en política. Dicha disposición "refuerza la exigencia de una separación real y efectiva del cargo para quienes ejercen funciones jurisdiccionales o fiscales", como Sandra Castro, si es que estos buscan postular a un cargo de elección popular.

“Al no haberse acreditado la renuncia efectiva al cargo dentro del plazo legalmente exigido, se configura el impedimento previsto en el artículo 113 de la LOE, razón por la cual resulta conforme a derecho la decisión del JEE de declarar improcedente la solicitud de inscripción de la citada candidata al Senado”, se lee en la resolución.

Por ello, el Pleno del JNE resolvió confirmar la improcedencia de la candidatura de la exfiscal Sandra Castro al Senado por el Partido Morado. De esta manera, su nombre será excluido de la referida lista.

Cabe precisar que la decisión del JNE es inimpugnable. De considerarlo, el Partido Morado podría interponer una acción de amparo contra este fallo.

Retirada del Ministerio Público

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez removió a la fiscal Sandra Castro de su cargo como adjunta provincial provisional tras conocerse su postulación al Senado por el Partido Morado. Así quedó establecido en la resolución 3848-2025-MP-FN publicada el 31 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

Gálvez también dispuso notificar a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que esta determine si corresponde abrir un procedimiento disciplinario contra Castro, que podría derivar en amonestación, suspensión o destitución.

Entre los fundamentos de la resolución, Gálvez citó la prohibición expresa tanto en la Constitución como en la Ley de la Carrera Fiscal y la Ley Orgánica del Ministerio Público que impide a los fiscales “intervenir, pública o privadamente, en actos políticos, que no sean en cumplimiento de su deber electoral”.

La resolución indicó que la candidatura de Sandra Castro constituía un “evidente acto político incompatible con el cargo que ostenta”, justificando la aplicación de “medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de la función fiscal en base a los principios de independencia y objetividad”.

En declaraciones al medio La Pista Clave, la exfiscal vinculó su salida con las denuncias que realizó sobre la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto en el sistema de justicia: “El Cuello Blanco me sacó porque denuncié sus fechorías”, afirmó, y señaló que “últimamente acentuaba más que los Cuellos Blancos no existen, ¿entonces me los inventé? Si fui yo la que hizo el informe”.

La abogada no será reincorporada en otro despacho ya que ocupaba un cargo provisional, sin nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura ni de la Junta Nacional de Justicia. Castro lideró las investigaciones del caso “Cuellos Blancos”, por el que el propio Tomás Gálvez fue destituido en 2021, aunque fue restituido en 2025 por decisión del Tribunal Constitucional tras anularse la sanción disciplinaria por vulneración de derechos procesales.