El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, estuvo presente en la audiencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde se evaluó la apelación contra la tacha que lo dejó, de momento, fuera de carrera.
Vizcarra estuvo acompañado por los abogados de Perú Primero, Alejandro Salas y Virgilio Isaac Hurtado Cruz, quienes sí expusieron ante el Pleno del JNE.
Tampoco hubo intento alguno por parte de los letrados para que el hermano del expresidente Martín Vizcarra intervenga, tal como sucede en las audiencias del Poder Judicial.
Tras la exposición de los abogados de Perú Primero y de las personas que presentaron las tachas contra Mario Vizcarra, el presidente del JNE, Roberto Burneo dejó al voto la apelación.
Lo que se dijo en la audiencia
La defensa de Perú Primero, encabezada por el exministro Alejandro Salas, centró su argumento en la inconstitucionalidad de la Ley 30717. Salas sostuvo que existen “hasta 8 sentencias” del Tribunal Constitucional que señalan que el impedimento vulnera el marco constitucional y afectan derechos fundamentales como la participación política y la resocialización. Destacó que la resolución del JEE supone un agravio no sólo contra Mario Vizcarra o Perú Primero, sino que pone en entredicho la integridad del proceso electoral en su conjunto.
Salas enfatizó que la sentencia judicial presentada acredita la rehabilitación de Vizcarra: “Cualquier apelación que se haga sobre cualquier resolución penal que favorece a un ciudadano en materia de rehabilitación no suspenden sus efectos. Y eso ha sido declarado por la Corte Suprema en abundante jurisprudencia”, señaló ante el pleno, asegurando además que la apelación interpuesta contra dicha decisión fue declarada improcedente.
El candidato de Perú Primero sostuvo que el JNE cuenta con la capacidad de inaplicar leyes que sean manifiestamente inconstitucionales, recurriendo al control difuso. “El control difuso es una potestad de la cual ustedes están investidos”, afirmó Salas.
En la contraparte, el candidato aprista Luis Miguel Caya defendió la tacha argumentando que la ley vigente “no deja márgenes de interpretación, no admite excepciones” y que su aplicación debe ser literal. Subrayó que Perú Primero pretende que sentencias de amparo del TC puedan modificar una norma electoral vigente, lo cual, según él, contraviene principios constitucionales. “Es doctrina constitucional que el proceso de amparo tiene efectos estrictamente individuales, no generales. El amparo no sustituye al control abstracto de constitucionalidad, no deroga leyes y no produce efectos erga omnes (frente a todos)”, precisó.
Añadió que las resoluciones citadas sólo protegen a los demandantes de esos procesos y de ninguna manera alteran el ordenamiento jurídico electoral ni obligan al JNE a inaplicar una norma en vigor.
Caya también puso en duda si Mario Vizcarra cumple con los requisitos para ser considerado rehabilitado, al indicar que “no se ha acreditado que la resolución de rehabilitación haya sido consentida o confirmada”. En su exposición ante el pleno, recalcó: “Confirmar su decisión significa defender el principio de legalidad, reafirmar la lucha contra la corrupción, fortalecer la confianza ciudadana y preservar la institucionalidad democrática”. Advierte además que revocar la decisión del JEE equivaldría a relativizar la norma vigente y a “abrir una peligrosa puerta al reciclaje político de la corrupción”.
El caso de Mario Vizcarra concentra la atención no solo por el perfil del candidato, sino también porque enfrenta dos interpretaciones antagónicas sobre la protección contra la corrupción y el respeto a los derechos políticos fundamentales. Según la exposición de Perú Primero, existe base constitucional y jurisprudencial para permitir la postulación, mientras que para los tachantes, sustentados en la letra de la ley, la exclusión es obligatoria. Ahora la decisión queda en manos de los magistrados del JNE, que deberán dirimir entre la observancia estricta de la norma electoral y su posible inconstitucionalidad.
Durante la audiencia, el presidente del JNE, Roberto Burneo, precisó que la justicia electoral es jurisdiccional y no administrativa, en respuesta a argumentos como los del abogado John Trinidad, quien representa a uno de los tachantes y afirmó que el control difuso corresponde en exclusividad al Poder Judicial y al TC. Burneo advirtió que este tipo de declaraciones pueden provocar desinformación sobre el carácter del sistema electoral del país.