La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su rechazo a las recientes declaraciones del congresista Fernando Rospigliosi, al considerar que vulneran la independencia del Poder Judicial y ponen en riesgo el acceso a la justicia en procesos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, como el caso de la masacre de Cayara.
A través de un pronunciamiento público difundido este 14 de enero, la CNDDHH señaló que las expresiones del parlamentario desacreditan a juezas y jueces que investigan crímenes ocurridos durante el conflicto armado interno y configuran una forma de injerencia indebida en la función jurisdiccional.
“La independencia judicial sustenta el Estado de derecho y protege la democracia. Las declaraciones que sugieren sanciones penales contra magistrados por sus decisiones vulneran este principio básico”, indicó la organización.
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Asimismo, advirtió que este tipo de discursos generan un clima de amedrentamiento institucional, especialmente grave en procesos por violaciones a los derechos humanos.
Caso Cayara en el centro de la controversia
Las declaraciones de Rospigliosi se produjeron en el contexto del proceso judicial por la masacre de Cayara, ocurrida en 1988, donde más de 30 campesinos fueron asesinados por efectivos del Ejército durante el operativo “Persecución”.
El congresista, quien incluso asistió a la audiencia virtual del caso, sostuvo públicamente que los militares no pueden ser procesados por hechos ocurridos hace 38 años y calificó de “falso” que se trate de delitos de lesa humanidad. Además, afirmó que los jueces que no apliquen la prescripción deberían ser denunciados ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA e incluso penalmente.
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En sus mensajes, llegó a sugerir que los magistrados podrían ser detenidos en flagrancia si “violan la ley”.
CNDDHH: el Estado debe garantizar justicia, no intimidación
La Coordinadora recordó que el Estado peruano tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos conforme al derecho nacional e internacional.
“Las decisiones judiciales no pueden ser resultado de amenazas, intimidación o estigmatización pública contra quienes administran justicia”, subrayó el organismo.
Para la CNDDHH, este tipo de presiones debilita la confianza ciudadana en el sistema judicial y afecta directamente a las víctimas que esperan verdad, justicia y reparación.
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Jueces también rechazan la intervención política
En un pronunciamiento paralelo, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) rechazó categóricamente la intervención del congresista en el proceso judicial, al considerarla una intromisión directa y frontal en la función jurisdiccional.
La organización recordó que la independencia judicial está protegida por la Constitución y por el principio de separación de poderes, y advirtió que el uso del cargo congresal para influir o intimidar a magistrados constituye una conducta incompatible con el orden democrático.
JUSDEM alertó que promover la remoción de jueces por el contenido de sus decisiones reproduce lógicas autoritarias que subordinan la justicia al poder político.
Decisión pendiente del Poder Judicial
Los magistrados a cargo del caso Cayara informaron que resolverán en las próximas semanas si aplican el control de convencionalidad exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o si acogen la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la prescripción de estos delitos.
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La decisión deberá emitirse antes del periodo vacacional judicial de febrero.
Para organismos de derechos humanos y asociaciones judiciales, el debate no se limita al proceso de Cayara, sino que involucra la defensa del Estado constitucional de derecho, la separación de poderes y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia sin presiones políticas.