La reciente decisión del Congreso de la República del Perú de eximir a más de 3.000 docentes universitarios del requisito de contar con maestría o doctorado, exigido por la Ley Universitaria 30220, no es un simple ajuste normativo. Es una señal política y ética profundamente equivocada: en el Perú, incumplir la ley puede terminar siendo premiado.
Durante más de diez años, los docentes alcanzados por esta norma tuvieron tiempo suficiente —y múltiples prórrogas— para adecuarse a los estándares mínimos establecidos para la docencia universitaria. Cerca de 13.000 sí lo hicieron, invirtiendo recursos propios, sacrificando tiempo personal y asumiendo que la meritocracia era una apuesta real del Estado. Hoy, el Congreso les dice que ese esfuerzo fue, en el mejor de los casos, opcional.
El argumento de que la experiencia sustituye a los grados académicos es engañoso. Nadie cuestiona la trayectoria de muchos docentes, pero la universidad moderna no se sostiene solo en la transmisión de conocimientos acumulados, sino en su actualización permanente, en la investigación y en la formación avanzada. Exigir maestría y doctorado no fue un capricho tecnocrático, sino una condición básica para mejorar la calidad educativa y alinear al país con estándares internacionales.
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La norma aprobada crea, además, un sistema universitario de dos velocidades. Un grupo de docentes podrá seguir enseñando —e incluso ascender— sin cumplir los requisitos que sí se exigen a quienes ingresaron después de 2014. Esto rompe el principio de meritocracia, debilita la carrera académica y envía un mensaje desalentador a las nuevas generaciones de profesores e investigadores: esforzarse académicamente no garantiza reconocimiento ni justicia.
Pero el impacto no termina en los docentes. Los principales perjudicados son los estudiantes. ¿Cómo se valida una maestría cuando su asesor no tiene el grado de maestro? ¿Qué legitimidad tiene un doctorado evaluado por jurados que nunca culminaron una tesis doctoral? Estas no son preguntas retóricas: son dudas razonables que afectan la credibilidad de los grados otorgados y el prestigio de las universidades.
En este escenario, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria queda en una posición incómoda. O mira de costado, tolerando estándares diferenciados, o interviene, asumiendo conflictos con universidades y sindicatos. En ambos casos, el daño institucional ya está hecho.
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También hay un riesgo legal evidente. Los docentes que sí cumplieron con la ley podrían cuestionar esta excepción por vulnerar el principio de igualdad ante la ley y por afectar la lógica meritocrática de la función pública universitaria. La norma no cierra conflictos: los abre.
El Perú necesita más y mejor educación superior, no atajos que devalúan los grados académicos. Como recordaba Robert Lucas, premio Nobel de Economía, el conocimiento es la principal fuente de crecimiento. Socavar sus estándares es hipotecar el futuro.
Si esta ley la promulga el Presidente de la República, el mensaje será claro y peligroso: en lugar de fortalecer la universidad, el Estado ha decidido normalizar el incumplimiento. Y cuando eso ocurre, los títulos dejan de ser una garantía de calidad para convertirse, simplemente, en papeles con nombre rimbombante.
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