El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el Poder Ejecutivo prepara un Decreto de Urgencia para iniciar la reestructuración integral de Petroperú, con el objetivo de fortalecer la empresa estatal, ordenar sus finanzas y proteger la seguridad energética del país.
La ministra Denisse Miralles afirmó que la medida busca garantizar el abastecimiento de combustibles y salvaguardar los activos del Estado, sin afectar los derechos laborales de los trabajadores.
¿MEF posterga decisión sobre reestructuración de Petroperú?
Sin embargo, a pesar de que la titular del MEF había prometido presentar el plan para Petroperú antes de fin de año, lo cierto es que recién el 29 de diciembre se anunció que el documento está en revisión final en el Consejo de Ministros.
Según el comunicado del MEF, será hoy y mañana cuando Miralles y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, evalúen el texto antes de su eventual publicación. Esta demora genera incertidumbre en el sector energético y en los mercados, que esperaban definiciones claras antes del cierre de 2025.
Miralles explicó que Petroperú enfrenta una situación crítica marcada por problemas de solvencia, falta de liquidez y riesgo de incumplimiento de obligaciones. El Estado ha comprometido S/17.888 millones entre 2022 y 2024 para sostener financieramente a la empresa, y solo en 2025 se han honrado garantías por cerca de US$900 millones.
La ministra advirtió que seguir inyectando recursos públicos para el pago de deudas no es una solución sostenible, y que postergar decisiones estructurales solo incrementa los riesgos fiscales para el país.
Ministra Miralles advierte sobre riesgos fiscales por crisis de Petroperú
El plan de reestructuración, según el MEF, contempla dos ejes principales: por un lado, una reorganización interna centrada en la reducción de costos y la eficiencia administrativa; por otro, una revisión integral de las líneas de negocio.
Ello implica priorizar las líneas estratégicas para el país y evaluar mecanismos que permitan una gestión más eficiente, incluida la participación de inversionistas privados. Miralles aclaró que esto no implica necesariamente la venta de activos, aunque en la práctica esto aún no está del todo descartado para algunos bienes clave.
Uno de los activos bajo análisis es el oleoducto norperuano, cuya operación ha sido intermitente y que, en los hechos, ha representado más una carga que un activo estratégico para Petroperú en los últimos años. El ducto ha pasado largos periodos detenido, sin operar a plena capacidad, lo que ha generado pérdidas y cuestionamientos sobre su futuro.
No sería la primera vez que desde el Ejecutivo o el sector privado se plantea la posibilidad de entregarlo a la administración privada, con el argumento de que así podría operar de manera más eficiente y dejar de ser una fuente de presión financiera para la estatal.
La posible privatización de activos clave reaviva debates sobre el futuro de Petroperú
Por otro lado, desde el lado sindical y laboral de Petroperú existe preocupación por el destino de la inversión realizada en la refinería de Talara, que acumula deudas superiores a los 5.500 millones de dólares.
Los trabajadores piden que se proteja esa inversión ante una eventual privatización, mientras que algunos actores del sector privado proponen que el Estado asuma parte de la deuda y luego subaste el activo, replicando el modelo aplicado en los años noventa con la refinería de La Pampilla —hoy controlada por Repsol—.
La ministra Miralles aseguró que cualquier medida respetará plenamente los derechos laborales y que la continuidad del abastecimiento de combustibles está garantizada, especialmente en zonas donde Petroperú cumple un rol clave. Insistió en que la meta del Gobierno no es cerrar la empresa ni renunciar a su rol estratégico, sino reorganizarla para asegurar su viabilidad y autosostenibilidad.
El Ejecutivo sostiene que la reestructuración permitirá a Petroperú recuperar sostenibilidad, generar ingresos propios y reducir su dependencia del apoyo estatal. Sin embargo, la demora en la definición de los detalles y las discusiones abiertas sobre la privatización de activos emblemáticos mantienen la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la petrolera estatal y su capacidad para cumplir un rol adecuado en beneficio del país.
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