El Congreso promulgó esta mañana la Ley Nº 32535, una norma que elimina el enfoque de género en la política pública nacional y sustituye la Educación Sexual Integral por una instrucción “con base científica, biológica y ética, y en valores”, lo que redefine la igualdad a partir de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres.
La norma fue aprobada en el Pleno del Congreso con 68 votos a favor, 16 en contra y cinco abstenciones el pasado 19 de noviembre, y fue promulgada sin la firma del presidente José Jerí, quien tampoco observó la norma propuesta por la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo.
A finales de noviembre, la parlamentaria afirmó que la reforma “devuelve al Estado la igualdad auténtica entre mujeres y hombres”. Además, precisó otros aspectos que abarca la ley. “Estamos quitando la palabra ‘género’. También que los niños puedan ir a la escuela a estudiar científicamente, moralmente, pero no ideologizadamente”, señaló.
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Durante la entrevista, la legisladora aseguró que la aprobación constituye “una victoria para todos los cristianos y para todos aquellos que defendemos la vida y la familia”. Justificó su propuesta alegando que “la palabra ‘género’ no solamente significa hombre y mujer, puede significar cualquier cosa”, y afirmó que con el paso de los años “las políticas públicas se fueron distorsionando”.
La norma elimina toda alusión al “enfoque de género”, así como términos como “equidad de género”, “igualdad de género” y “violencia de género” de la legislación. Desde ahora, estos conceptos deberán ser interpretados únicamente bajo la perspectiva de “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, y se establece un plazo máximo de un año para que todas las instituciones públicas adecuen sus políticas y documentos.
En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación deberá emitir lineamientos para asegurar una educación sexual “con base científica, biológica y ética”, eliminando cualquier referencia o contenido vinculado a la anterior Educación Sexual Integral. Este enfoque deberá adecuarse a las convicciones morales de los padres.
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Colectivos sociales rechazaron la nueva ley
En contraste, voces del movimiento feminista, sociedad civil y legisladores opositores señalan que la Ley Nº 32535 implica un retroceso en derechos humanos y contradice compromisos internacionales. Susel Paredes advirtió que la ley “nos retrocede décadas” y “va contra los instrumentos internacionales como CEDAW y Belém do Pará”, compromisos que obligan al Estado a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y toda forma de discriminación.
Colectivos como el Movimiento Feminista Manuela Ramos y el Centro Flora Tristán subrayan que la eliminación del enfoque de género responde a intentos sistemáticos de reforzar la discriminación y debilitar avances logrados en los últimos años. Para Rocío Gutiérrez, de Manuela Ramos, la norma refleja un esfuerzo constante por limitar derechos y frenar políticas efectivas frente a la violencia y la desigualdad.
Desde Flora Tristán, Clea Guerra señaló que “eliminar el enfoque de género debilita el trabajo realizado durante años para desmontar estereotipos que afectan directamente la vida de las mujeres y quita sustento a políticas que buscan enfrentar desigualdades reales”.
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Norma es un retroceso en derechos humanos, según la ONU
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció al respecto y advirtió que la ley representa una amenaza a las protecciones existentes en materia de derechos humanos, especialmente para mujeres, niñas y personas de género diverso. Los especialistas del organismo sostuvieron que sustituir el enfoque de género por una noción biológica “debilita las protecciones existentes frente a la discriminación estructural” y vacía de contenido los objetivos de la igualdad sustantiva.
El pronunciamiento remarcó la importancia de la educación sexual integral para prevenir la discriminación, la violencia y el embarazo adolescente, y alertó que la nueva ley podría restringir el acceso a esta formación, afectando a sectores en situación de vulnerabilidad.
Además, la ONU expresó preocupación por las disposiciones que limitan la cooperación del Estado con organizaciones de la sociedad civil involucradas en demandas contra el país, así como la posibilidad de penalizaciones arbitrarias contra defensoras y defensores de derechos humanos. También advirtió sobre la supresión del requisito de ajustar las políticas públicas a los convenios internacionales ratificados, lo que implica una desvinculación parcial del Estado peruano de sus obligaciones globales en materia de igualdad y protección de derechos.
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Según los expertos de la ONU, la ley se enmarca en una tendencia regional de propuestas legislativas regresivas que se alejan de los estándares internacionales. Por ello, instaron al Gobierno peruano a revisar la norma y reafirmar su compromiso con la igualdad y la no discriminación.
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