La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) retiró de circulación más de 1.600 vehículos durante los dos primeros meses del estado de emergencia decretado por el Gobierno peruano.
Este proceso de fiscalización, iniciado el 22 de octubre, incluyó 167 operativos en los que se detectaron múltiples infracciones relacionadas con la prestación del transporte público.
El reporte de la ATU detalla que 616 conductores intervenidos carecían de brevete, mientras que 348 vehículos no contaban con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y 411 unidades no habían aprobado la revisión técnica. La entidad subrayó que 194 vehículos superaban los 30 años de antigüedad, aumentando el riesgo en las vías de la ciudad.
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La fiscalización no solo se concentró en la documentación, sino también en la identificación de unidades con sanciones previas. Se reportó que 726 vehículos enviados a depósitos mantenían deudas acumuladas que rozan los 29 millones de soles en multas pendientes.
Coordinación interinstitucional y control en zonas estratégicas
Los operativos organizados por la ATU contaron con el respaldo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y otras entidades del Comité de Fiscalización del Transporte.
Cuarenta de las intervenciones se realizaron bajo la coordinación de este comité, en el que participan la Policía Nacional del Perú (PNP), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
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Las acciones conjuntas permitieron enviar al depósito 522 unidades que presentaban irregularidades, como informalidad, ausencia de documentos o riesgo para los pasajeros.
El compromiso de la ATU se enfocó en fortalecer el control y promover la formalización, aspectos clave para garantizar un transporte seguro durante la vigencia del estado de emergencia.
El decreto que prorrogó la medida desde el 21 de diciembre mantuvo la restricción de derechos como la libertad de tránsito y la inviolabilidad del domicilio, permitiendo a las autoridades ampliar los controles y patrullajes en sectores críticos de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.
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Alcances de la emergencia y evaluación futura
La ATU remarcó que el estado de emergencia ha favorecido la realización de operativos masivos y el retiro de unidades que no cumplían con los estándares mínimos exigidos. El objetivo apunta a reducir la informalidad y a garantizar la seguridad de los usuarios en un contexto donde se incrementaron los delitos violentos y la percepción de inseguridad.
El Ejecutivo estableció que, al concluir la prórroga de la medida, el Comando de Coordinación Operativa Unificada presentará un informe sobre los resultados obtenidos. Este balance permitirá decidir si se mantiene, ajusta o levanta el estado de emergencia, en función del impacto sobre el orden interno y los índices delictivos en la capital y el puerto.
El despliegue de la Policía Nacional y la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas estratégicas han sido parte del enfoque para devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Las restricciones, que incluyen controles de identidad y revisiones técnicas, han permitido detectar irregularidades y retirar de circulación vehículos que representaban un peligro para el tránsito y la comunidad.
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