El Gobierno del Perú reforzó durante 2025 su ofensiva contra la minería ilegal, ejecutando más de 1.000 operativos a lo largo del país entre enero y el 15 de diciembre.
Estas acciones permitieron la incautación y destrucción de bienes, equipos y suministros empleados en la extracción ilícita de minerales, con un valor estimado superior a los S/3.800 millones, de acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la PCM, Rodolfo García Esquerre, recalcó que el enfoque de los operativos consiste en debilitar la logística y los activos que sostienen la actividad de estructuras delictivas dedicadas a la extracción no autorizada de recursos.
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“La respuesta del Estado es permanente. Vamos a continuar con intervenciones que impidan que la minería ilegal consolide posiciones y que sigan afectando a las comunidades y al medio ambiente”, expresó el funcionario durante la presentación del balance anual.
Estos operativos involucraron la labor conjunta de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. La tarea interinstitucional permitió ampliar el alcance territorial y la capacidad de respuesta en zonas críticas.
Un repaso regional muestra que Madre de Dios encabeza la lista de áreas con mayor cantidad de intervenciones (276), seguida por La Libertad (135), Amazonas (66), Ucayali (61) y Huánuco (61). Otras jurisdicciones alcanzadas por las medidas incluyen Ayacucho, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.
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Incautaciones, activos y la estrategia de control estatal
En cuanto a valor económico, los incautes más altos se registraron en Madre de Dios, donde las operaciones sumaron S/1.095 millones, seguidas de Cajamarca (S/823 millones), La Libertad (S/575 millones), Arequipa (S/308 millones), y Amazonas (S/218 millones).
El listado de bienes decomisados abarca excavadoras, motores, campamentos, galones de combustible, generadores eléctricos, balones de gas, herramientas, cajas de filtros para motor, antenas Starlink, dragas y carpas, elementos que evidencian el despliegue logístico empleado para las operaciones ilegales.
Estas intervenciones se enmarcan en el decreto legislativo N.° 1100, que faculta la ejecución de acciones de interdicción sobre la totalidad de bienes incautados.
El objetivo central de la estrategia estatal es restablecer el control en territorios impactados por organizaciones dedicadas a la extracción ilícita de oro y detener el uso de maquinaria no autorizada en ecosistemas vulnerables.
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La PCM manifestó que la presencia activa del Estado en campo apunta a frenar la consolidación de redes ilegales y a custodiar la integridad ambiental y social en las zonas de mayor riesgo.
El compromiso oficial, según el balance difundido, contempla mantener la frecuencia de los operativos y el perfeccionamiento de las respuestas, buscando afectar de manera sostenida la capacidad operativa de quienes persisten en la minería al margen de la ley.
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