Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reportó el hallazgo de un artefacto presuntamente explosivo en los exteriores del penal Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho.
El objeto, con apariencia de granada y envuelto en cinta de embalaje, fue descubierto la madrugada de este viernes 12 de diciembre junto a dos papelógrafos con mensajes escritos y un chaleco, según detalló el INPE en un comunicado difundido.
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El equipo de seguridad del penal activó el protocolo de respuesta e informó de inmediato a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que acudieron al lugar para encargarse de las diligencias correspondientes.
De acuerdo con lo indicado por el INPE, la zona fue acordonada y se establecieron controles más estrictos en el perímetro para garantizar tanto la seguridad de los internos como de los vecinos del entorno más próximo al penal, una de las prisiones de máxima seguridad de la capital peruana.
Buscan frenar la lucha contra la extorsión
Las autoridades penitenciarias advirtieron que la aparición de este tipo de artefactos no es un hecho aislado, sino que estaría vinculado a recientes amenazas contra funcionarios del sistema penitenciario.
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Según el INPE, se trataría de una respuesta directa de quienes buscan amedrentar la lucha contra la extorsión y las acciones de control emprendidas desde el Estado.
El propio presidente del INPE, Iván Paredes, reveló públicamente que recibió amenazas de muerte a raíz de las requisas y operativos que lidera en distintos centros penitenciarios.
En conversación con Exitosa, Paredes manifestó que los extorsionadores habrían intensificado su presión con llamadas y mensajes, exigiendo el cese de las labores destinadas a combatir a las organizaciones criminales que operan desde las cárceles del país.
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“Recibí dos llamadas, ambas con amenazas directas y llenas de improperios, exigiendo dejar de lado las requisas”, declaró Paredes, citando como motivo de la intimidación la ofensiva sostenida contra el delito de extorsión en los penales.
Cuestionamientos en su contra
El presidente interino de Perú, José Jerí, defendió la permanencia de Iván Paredes como jefe del Instituto Nacional Penitenciario, pese a que enfrenta denuncias por corrupción y mal desempeño.
Jerí reconoció la existencia de un proceso relacionado con presuntos sobornos e irregularidades, aunque enfatizó que los cuestionamientos contra Paredes corresponden a hechos previos a su liderazgo en el INPE.
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El mandatario afirmó que Paredes continúa en el cargo por mostrar alineación con los objetivos del Ejecutivo, sobre todo en operativos para enfrentar la extorsión desde las cárceles.
Jerí indicó que todos los funcionarios están bajo constante revisión, pero valoró el compromiso de Paredes con las políticas del gobierno.
Mencionó también la implementación de pruebas de polígrafo en el INPE como mecanismo para detectar anomalías e informó que la institución será reemplazada por un nuevo organismo en el marco de una reforma penitenciaria, aunque no se precisó fecha de inicio.
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Según el programa Cuarto Poder, Paredes es acusado de devolver un cobro de S/80.000 para la excarcelación de un exagente policial y de haber recibido sanciones de Indecopi por irregularidades en servicios legales anteriores, cargos que él rechaza.
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