Las recientes declaraciones de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, sobre la posibilidad de disolver el Congreso si no se aprueba su “shock de cincuenta leyes”, generaron reacciones inmediatas. El congresista José Cueto negó tajantemente la viabilidad de esta amenaza y recordó que, bajo la Constitución vigente y con la nueva estructura bicameral, es imposible.
En entrevista con Canal N, el parlamentario rechazó la factibilidad de una disolución y recordó que el sistema bicameral —Senado y Cámara de Diputados— impide esa figura. “El Congreso ahora es bicameral, ya no existe la figura de la disolución porque el Senado sigue trabajando. No es posible, no es posible”, manifestó.
En un intento por dimensionar lo dicho por el exalcalde de Lima, mencionó que no cree que esa sea su intención, pese a que lo dijo textualmente. “Las formas a veces no son las adecuadas. Entiendo que lo que busca es apoyo mayoritario a sus propuestas y, para eso, se necesita una mayoría parlamentaria, no amenazas”, expresó.
Agregó que el uso de la cuestión de confianza como herramienta para aprobar leyes está descartada desde 2021. Así, cualquier intento del Ejecutivo de presionar al Congreso con ese mecanismo sería simplemente inviable. De acuerdo con el congresista, la única vía para sacar adelante reformas profundas es a través de los votos en el Parlamento.
¿Qué dijo Rafael López Aliaga?
Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, afirmó públicamente que, si llega a la presidencia y el Congreso no aprueba su denominado “shock de cincuenta leyes” para transformar el país, los congresistas serían expulsados.
“Si no se aprueba (su paquete de 50 leyes), se van a su casa. Para eso está el voto popular”, mencionó en un mitin en Chorrillos.
Entre las medidas que incluye su “shock” legislativo, propuso una reestructuración estatal con la fusión de ministerios y un fuerte recorte en la planilla pública por medio de un programa de compra de renuncias. También propone destinar la mitad del presupuesto público a inversión, eliminar las asesorías consideradas innecesarias y fortalecer la seguridad ciudadana.
En el ámbito de seguridad, planteó la inversión de USD 1.000 millones en inteligencia policial, el combate a la venta ilegal de chips y la expulsión de extranjeros con antecedentes forman parte del discurso recurrente del candidato, aunque la venta ambulatoria de chips ya se encuentra prohibida y sancionada por la normativa local.
De estas propuestas, algunas ya han sido implementadas o cuentan con normativas vigentes, como la cadena perpetua para extorsionadores y sicarios según la Ley 32446, lo que pone en duda la innovación de parte del paquete anunciado. Además, la figura de “jueces sin rostro” choca con compromisos internacionales asumidos por el Perú y no podría reactivarse sin dificultades legales e institucionales.