La crisis penitenciaria en Perú ha revelado una nueva faceta de la lucha contra el crimen organizado, situando al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, en el centro de una ola de amenazas. En medio de operativos que buscan recuperar el control de los penales y debilitar la influencia de las bandas criminales, el funcionario denunció a Exitosa Noticias que su vida y la de su familia han sido puestas en la mira de quienes ven afectados sus intereses con estas intervenciones.
Las medidas implementadas —como el aislamiento de internos considerados peligrosos, el desmantelamiento de instalaciones clandestinas y el reforzamiento de la vigilancia— han generado reacciones inmediatas de parte de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas desde las cárceles. Bajo este contexto, Paredes formalizó su denuncia ante la policía, señalando que la ofensiva estatal dentro del sistema penitenciario ha desencadenado una campaña de intimidación que pretende revertir los avances en seguridad.
Amenazas tras intensificar la vigilancia carcelaria
Iván Paredes denunció que recibió mensajes intimidatorios en sus teléfonos personales, atribuidos a mafias carcelarias afectadas por el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria. El funcionario explicó a Exitosa Noticias que los responsables conocen su dirección, los movimientos de su familia y monitorean sus acciones. Indicó que el motivo radica en la implementación de requisas diarias y la reorganización de sectores dedicados al aislamiento de los internos más peligrosos.
De acuerdo con Paredes, el objetivo de estas amenazas es forzar el cese de los operativos dentro de los penales y el retiro de las medidas que han debilitado a las bandas organizadas. “Me exigen abandonar los controles y reducir la vigilancia, advirtiendo sobre posibles represalias si continúan las intervenciones”, relató, dejando en claro la presión ejercida sobre las autoridades que encabezan estas reformas.
Operativos y reacción de las organizaciones criminales
Las acciones emprendidas incluyeron el aislamiento de cabecillas, el desmantelamiento de instalaciones no autorizadas y el traslado de internos de alta peligrosidad. Paredes afirmó que estas medidas han generado conflictos con las estructuras delictivas, que han perdido privilegios y acceso a servicios ilícitos dentro de las cárceles del país.
La respuesta no se limitó a mensajes anónimos, sino que se tradujo también en una campaña de hostigamiento mediático. El funcionario señaló que algunos medios difundieron información personal, exponiendo su domicilio y facilitando la identificación por parte de los reclusos y sus allegados. Subrayó la gravedad de esta exposición y la vulnerabilidad resultante para su seguridad y la de su familia.
Investigación y respaldo institucional
El presidente del INPE formalizó su denuncia en una comisaría y anticipó que el caso será trasladado al Ministerio Público para proseguir con las investigaciones. Las autoridades ya cuentan con los números telefónicos desde los que se enviaron las amenazas y esperan que la intervención fiscal permita identificar a los responsables.
Aunque Paredes destacó que los operativos seguirán en marcha, expresó la necesidad de fortalecer las medidas de protección para los funcionarios involucrados en la reforma carcelaria. Sostuvo que detener el avance significaría ceder ante quienes intentan frenar el control penitenciario a través de la intimidación y la violencia.
Acusaciones externas y defensa frente a polémicas
Iván Paredes también enfrentó cuestionamientos sobre su gestión y su trayectoria profesional. Además de los hechos mencionados, fue señalado por conflictos con una exclienta en su etapa de abogado, situación que negó categóricamente en su testimonio a Exitosa Noticias. Enfatizó que se trata de un litigio de carácter civil, sin ninguna relación con hechos de corrupción o sanciones disciplinarias, y denunció distorsiones en la información publicada por algunos medios.
Aseguró que el proceso corresponde a un desacuerdo contractual con una persona que decidió cambiar de abogado, sin elementos ligados a irregularidades judiciales ni antecedentes sancionatorios en el Colegio de Abogados. Indicó que esta campaña de desprestigio busca socavar su liderazgo al frente de la institución penitenciaria, sumándose a la presión ejercida desde las mafias internas.