Incluso antes de que el Congreso proceda a inhabilitar a la fiscal de la Nación Delia Espinoza por un documento que no firmó, una serie de acciones en su contra ya se habían desplegado.
Según pudo conocer Infobae, a Espinoza se le desactivó su afiliación a una Entidad Prestadora de Salud (EPS) una vez que fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en setiembre de este año. Luego, el lunes 1 de diciembre, dos días antes de que el Congreso votara su inhabilitación, fue excluida.
Fuentes afirman que no fue el Ministerio Público quien solicitó la exclusión de la fiscal de la Nación, sino que habría sido a pedido del propio corredor de seguros contratado por la institución: Confianza. Este mismo corredor de seguros fue contratado por el Congreso de la República en agosto de este año.
Por otro lado, debido a que fue suspendida provisionalmente, a Espinoza le corresponde percibir el 80% de su remuneración. En caso de que fuera destituida, el monto que se le desembolsó durante la suspensión se contará como pago a cuenta de la compensación por tiempo de servicios. Sin embargo, este no sería el caso de Espinoza, a quien se le habría estando pagando el 80% de su sueldo con dinero de su CTS.
A esto se suma el hecho de que se le retiraron los vehículos oficiales para su traslado, a pesar de que un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio Público recomendaba que Espinoza podía seguir usando los vehículos para salvaguardar su seguridad. Esto último al amparo de una informe de la Policía Nacional del Perú (PNP) que consideró que, aunque este apartada del cargo, se debía “salvaguardar su integridad física, debido a las decisiones tomadas cuando se desempeñaba en el cargo de Fiscal de la Nación, así como, la existencia del alto índice de criminalidad y la coyuntura actual que viene afrontando el país, alcanzando un impacto de riesgo alto”.
Inhabilitada, pero no destituida
La inhabilitación de Delia Espinoza por parte del Congreso no habilita a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para convocar un concurso público ni designar a un nuevo fiscal supremo en su reemplazo. Así lo afirmó la propia Espinoza en conferencia de prensa, al precisar que la sanción impuesta no equivale a una destitución y, por tanto, su plaza de fiscal suprema titular se mantiene.
En situaciones previas, como la inhabilitación de Zoraida Ávalos en junio de 2023, la Fiscalía de la Nación aclaró que la decisión parlamentaria no generaba una vacante. En ese caso, la fiscal adjunta suprema Gianina Tapia solicitó a la secretaría general comunicar a la JNJ la supuesta existencia de una plaza disponible, pero la respuesta institucional fue que "la decisión parlamentaria no tiene como consecuencia la habilitación de una plaza de fiscal suprema titular”.
Por otro lado, consultada sobre la posibilidad de que la Junta de Fiscales Supremos convoque a elección para un nuevo titular del Ministerio Público, Espinoza sostuvo que no corresponde, ya que su designación fue “constitucional, legal y legítimamente” para un periodo de 3 años. “Y esta inhabilitación que a todas luces constituye un atropello a la misma legalidad, a la misma majestad de nuestra carta magna de nuestra Constitución, la Junta de Fiscales Supremos no puede convalidar. No puede ratificar lo mal hecho por el Congreso”, declaró.
La magistrada advirtió que, de convocarse a una elección, los miembros de la Junta de Fiscales Supremos “estarían también subiendo a esa integrándose a ese grupo de vulneradores de la Constitución”. Además, reclamó un pronunciamiento institucional: “Lo primero que ellos deberían hacer, hace rato debieron, es sacar un pronunciamiento porque es grosero, es más que evidente, como lo dije ayer, hasta un ciego lo puede ver, de que no he cometido el hecho por lo que ayer me han inhabilitado”.