El Cusco atraviesa una seria crisis de infraestructura pública marcada por más de 3 mil proyectos abandonados o paralizados, según estimaciones presentadas durante el evento “Revisión de las Finanzas Públicas para el Perú: Una mirada especial al Cusco”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) y el Banco Mundial. La falta de continuidad, la débil capacidad de gestión y la baja eficiencia en la ejecución pública han generado un estancamiento que limita la mejora de servicios esenciales en toda la región.
Los especialistas coincidieron en que esta situación no solo afecta la provisión de infraestructura básica, sino también la competitividad de los sectores productivos clave. A pesar de que el Cusco ha recibido cerca de S/ 13 mil millones en transferencias por canon y regalías desde 2021, gran parte de esos recursos no se ha traducido en obras concluidas ni en mejoras sustanciales para la población.
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Estabilidad fiscal nacional
Durante el evento, Antonio Cusato, economista del Banco Mundial, expuso que, a nivel nacional, el Perú mantiene una posición fiscal relativamente sólida, con una deuda pública equivalente al 32.4% del PBI y un riesgo país de 160 puntos básicos, cifras menores a las de países vecinos. Sin embargo, alertó que la sostenibilidad fiscal se ha vuelto menos predecible debido al incremento del déficit y al incumplimiento de la regla fiscal en 2023 y 2024.
Asimismo, Cusato advirtió que el país enfrenta una presión creciente por iniciativas legislativas con impacto fiscal, que pasaron de menos de 100 en 2020 a casi 300 en 2024. Esta tendencia, añadió, eleva la incertidumbre en la planificación del gasto público y complica la ejecución de obras a nivel regional.
En cuanto a la recaudación, explicó que, si bien las tasas impositivas en el Perú están en niveles similares a los de otros países, la recaudación efectiva es casi la mitad que la de economías de ingresos altos. Esto limita la disponibilidad de recursos y obliga a un uso más eficiente del presupuesto existente.
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Crecimiento económico estancado y pobreza en aumento
Carlos Gallardo, gerente general del IPE, recordó que el Cusco experimentó un notable avance económico entre 2004 y 2015, con un crecimiento promedio cercano al 10% anual, lo que permitió reducir la pobreza a 17.6%, su nivel más bajo en ese periodo. No obstante, en los últimos años el panorama cambió: entre 2015 y 2024, la región solo creció 0.9%, situación que llevó a que la pobreza aumentara nuevamente hasta 18.5%.
Gallardo también destacó que la región enfrenta importantes desafíos para dinamizar sus actividades económicas principales. En el sector agropecuario, se requiere diversificar la oferta exportadora; en turismo, todavía no se logra recuperar el flujo de visitantes, con Machu Picchu un 24% por debajo de sus niveles prepandemia; mientras que, en minería, existen tres proyectos en cartera valorizados en US$ 3,300 millones, cuya ejecución permitiría duplicar la producción de cobre.
Ejecución pública y falta de infraestructura
Uno de los principales puntos de preocupación señalados durante el evento fue la baja eficiencia de los gobiernos regionales y locales en la ejecución del gasto. La elevada cifra de proyectos abandonados refleja problemas en la formulación, supervisión y continuidad de las obras, así como debilidades en la planificación técnica.
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Diversas autoridades locales y representantes empresariales coincidieron en que esta crisis de infraestructura está afectando la competitividad regional. La falta de carreteras adecuadas, servicios de agua y saneamiento, y la demora en grandes obras como el aeropuerto, continúan limitando el desarrollo productivo y la mejora de servicios esenciales para la población.
Urgencia de reactivar la inversión privada
Durante el evento, Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, subrayó la importancia de impulsar los proyectos mineros y promover un entorno favorable para la inversión privada. También insistió en la necesidad de ejecutar obras de infraestructura productiva y acelerar la masificación del gas natural en la región.
Por su parte, Roger Valencia, presidente del INCUSE, advirtió que el excesivo nivel de tramitología sigue siendo un obstáculo, especialmente para proyectos hoteleros. A la vez, observó que obras públicas se aprueban sin la rigurosidad técnica necesaria, lo que contribuye al elevado número de proyectos paralizados.
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El IPE prevé un escenario complejo: la economía del Cusco podría caer alrededor de 7% en 2025 si no se corrigen los problemas estructurales que afectan la ejecución pública y la inversión privada. Los especialistas concluyeron que, sin una reforma en la gestión de proyectos y un impulso decidido a la inversión productiva, la región seguirá enfrentando un deterioro en la calidad de vida y oportunidades económicas.
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