El Pleno del Congreso no alcanzó los necesarios para inhabilitar por 10 años la fiscal de la Nación Delia Espinoza por un documento que nunca firmó ni respaldó. Se alcanzaron 63 de 68 votos a favor.
Durante el debate de la denuncia constitucional, parlamentarios como Jorge Montoya y Eduardo Salhuana insistieron en que Espinoza y los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez elaboraron el Reglamento denominado “Actuación Fiscal en la Investigación del delito“, el mismo que supuestamente contradice la Ley 32130. Sin embargo, documentos de la Fiscalía de la Nación demuestran que dicho documento nunca se debatió ni votó en Junta de Fiscales Supremos, sino que fue una acción de la gestión de Villena como fiscal de la Nación interino.
Antes del debate, Espinoza advirtió sobre las consecuencias de la denuncia constitucional, señalando que representa “un mensaje a la población y especialmente a los funcionarios, a los más altos, medianos y bajos funcionarios”. La fiscal sostuvo que la medida busca forzar la sumisión de los funcionarios públicos: “O te doblegas o te sacamos. O te sometes o pierdes tu trabajo, pierdes tu sueldo, tu seguro social, pierdes tu vida, pierdes lo que amas hacer”.
En esa línea, Espinoza denunció que la acusación en su contra es arbitraria y estaría motivada por las denuncias constitucionales que presentó contra actuales parlamentarios por presuntos delitos. “Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a retornar. Manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha, porque están más cómodos con un fiscal de la nación interino que ha prometido que no va a ser excesivo. Ahorita solamente está archivando, no está denunciando a nadie y no está abriendo nuevas investigaciones”, afirmó en referencia a Tomás Gálvez.
Luego de que fracasó el intento del Pleno del Congreso para inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años, se presentaron dos pedidos de reconsideración para que se vuelva a votar la denuncia constitucional. Estas fueron presentadas por los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow.
Se viene nuevo intento de inhabilitación
El último martes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó un segundo informe final que propone inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza. El documento, elaborado por el congresista Elvis Vergara Mendoza, acusa de infracciones constitucionales y de la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Esta medida se fundamenta en la denuncia constitucional que Espinoza presentó contra once congresistas, quienes votaron a favor de una ley que permite a parlamentarios retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional percibir simultáneamente pensión y remuneración.
La defensa de Espinoza se centró en que actuó dentro de sus competencias constitucionales, argumentando que su intervención buscaba salvaguardar la legalidad y la persecución del delito. No obstante, el informe sostiene que su proceder vulneró los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución. Con la aprobación de este informe, el caso pasa ahora a la Comisión Permanente, que deberá decidir si eleva la acusación al Pleno del Congreso. Si la propuesta prospera, Espinoza quedaría inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante diez años.