“El próximo año es una oportunidad de esperanza y de cambio”, afirmó Keiko Fujimori durante la jornada interna en la que Fuerza Popular ratificó su fórmula presidencial para las elecciones del 2026. La lideresa naranja encabezará nuevamente la plancha, acompañada por Luis Galarreta en la primera vicepresidencia y Miki Torres en la segunda.
Con ello, Keiko confirmó oficialmente su cuarta postulación presidencial, una apuesta que —según enfatiza— llega “con un partido más maduro” y con la promesa de priorizar la seguridad ciudadana.
La plancha de Fuerza Popular
Fujimori explicó que tanto Galarreta como Torres forman parte de la actual dirección del partido y cuentan con experiencia en gestión pública. La lista completa, integrada por cerca de 200 candidatos, será validada por más de 40 delegados nacionales en las próximas semanas.
En su mensaje a la militancia, Keiko aseguró que Fuerza Popular “está más fuerte que nunca”, pese a lo que calificó como años de persecución política. Además, adelantó que su plan de gobierno será presentado a mediados de diciembre y que desde enero iniciará una campaña intensiva de tres meses para explicar sus propuestas en todo el país.
Seguridad ciudadana como eje central
La lideresa fujimorista sostuvo que el principal clamor de la ciudadanía es la seguridad. Por ello, anunció que el combate a la delincuencia será la prioridad absoluta de su eventual gobierno.
Si bien reconoció que los índices de criminalidad siguen altos, saludó la actitud del actual presidente Jerí frente a la lucha contra el crimen e insistió en que se requieren “acciones más visibles” para recuperar el orden público.
Consultada por las condenas emitidas recientemente contra expresidentes, Keiko Fujimori afirmó que en el caso de Martín Vizcarra existen “pruebas contundentes” desde su etapa como gobernador regional. Sin embargo, recordó que se trata de fallos de primera instancia y que deberán seguir el curso judicial correspondiente.
Agregó que entiende la preocupación ciudadana ante el impacto político de estos procesos y subrayó la importancia de que todos se resuelvan con justicia, sin impunidad.
Una campaña “distinta”
El anuncio de su candidatura ya había tenido un primer acto simbólico a finales de octubre en Trujillo, donde Keiko Fujimori admitió “errores” de gestiones anteriores y prometió “erradicar la maldita violencia” que golpea al país.
En ese evento, abrió su discurso con un homenaje a su padre, Alberto Fujimori, a quien reivindicó sin mencionar su condena por delitos de lesa humanidad. Aseguró que su gobierno sentó “las bases del Perú moderno” y reiteró que el país vive episodios que recuerdan al período de violencia terrorista.
“Hubo errores, sin duda —dijo—, pero también hubo decisiones que permitieron superar la crisis económica y la hiperinflación”.
La investigación fiscal que avanza en paralelo
Mientras lanza su campaña para el 2026, Keiko Fujimori enfrenta una investigación por presunto financiamiento ilícito de partidos políticos, a cargo de la Primera Fiscalía contra el Lavado de Activos, dirigida por Manuela Villar Ramírez.
El expediente, de 186 páginas, señala que la organización liderada por Fujimori habría recibido dinero de origen desconocido mediante aportes falsos, sobres y mecanismos no declarados. La tesis fiscal sostiene que se utilizaron estructuras partidarias para canalizar y legitimar fondos prohibidos por la ley.
Según la ONPE, Fuerza Popular habría empleado S/ 1.6 millones de dinero público —destinados al fortalecimiento de partidos— para financiar la campaña del 2021, uso expresamente prohibido. Además, se registra una presunta recaudación ilícita de S/ 1 258 708 destinada a acciones posteriores a la campaña, como recursos ante el JNE para cuestionar los resultados electorales.
La fiscalía también investiga aportes que varios ciudadanos niegan haber realizado y movimientos económicos que no coinciden con sus ingresos declarados. Entre los aportantes que sí reconocen entregas figuran David Chlimper, Erick Valve Saavedra y Germán Kruger Peschiera.
Por estos hechos, la ONPE impuso multas a Fuerza Popular por no bancarizar ingresos y no presentar libros contables conforme a ley.
Keiko Fujimori, según el documento fiscal, optó por no responder a las preguntas del Ministerio Público durante su citación.