La discusión sobre la pensión vitalicia solicitada por Dina Boluarte ya tiene fecha. El Congreso programó para la primera semana de diciembre el debate sobre el beneficio que pidió la exmandataria apenas diez días después de dejar el cargo. La solicitud incluye no solo la pensión mensual, sino también una serie de facilidades operativas como vehículo oficial, combustible y personal de apoyo.
El presidente interino del Parlamento, Fernando Rospigliosi, confirmó que el pedido será atendido en el Pleno porque, según indicó, Boluarte integró una fórmula presidencial electa, criterio que considera suficiente para habilitar el trámite. Para sustentar esa postura, recordó que la Comisión de Constitución ya había aprobado una moción que reconoce el derecho de los expresidentes elegidos, salvo aquellos con acusación constitucional aprobada. En ese marco, mencionó como contraste el caso de Martín Vizcarra, quien sí fue sancionado bajo esa figura.
Reacciones políticas
El anuncio generó un inmediato rechazo en varias bancadas. La congresista Ruth Luque fue una de las más críticas y sostuvo que Boluarte no debería recibir pensión vitalicia porque no fue elegida mediante voto directo. Agregó, además, que “ella es responsable de los asesinatos de su gobierno”, en referencia a las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.
Desde Fuerza Popular, el legislador Alejandro Aguinaga también expresó su desacuerdo. Argumentó que la exmandataria dejó el cargo en medio de cuestionamientos que, a su juicio, no son compatibles con los beneficios destinados a quienes culminan el mandato sin polémicas.
En paralelo, el congresista Alejandro Muñante solicitó priorizar su proyecto que elimina la pensión para los presidentes que hayan sido vacados. Afirmó que el beneficio “no es un derecho previsional, sino un privilegio político” y que, si su iniciativa es aprobada antes del debate, el pedido de Boluarte debería archivarse de inmediato. También pidió consultar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para verificar si existen denuncias en curso que puedan impedir el otorgamiento del beneficio.
Alianza para el Progreso, por su parte, tuvo una postura distinta. Su vocero, Eduardo Salhuana, planteó que el monto debería estar alineado con el sueldo de los congresistas, que asciende a 15.200 soles, aunque no adelantó si su bancada votará a favor o en contra.
Lo que pidió Boluarte y el cálculo estimado de su pensión
El pedido de la exmandataria no se limita a la pensión vitalicia. Según un informe difundido por Cuarto Poder, Boluarte también solicitó un vehículo oficial de uso permanente, un trabajador CAS con un salario de 3.700 soles que pueda elegir directamente y 150 galones de combustible mensuales. Todos estos beneficios se encuentran dentro de lo establecido en el Acuerdo de Mesa Directiva N.° 78-2016, que incluso permite mantener el seguro de salud privado utilizado durante el ejercicio presidencial.
Sobre el monto, todavía no existe una cifra definitiva. Sin embargo, se estima que la pensión podría ubicarse entre 26.000 y 35.000 soles mensuales. La diferencia depende de si se toma en cuenta el incremento salarial aprobado durante su propio gobierno, que elevó el sueldo presidencial a 35.568 soles, aunque dicha alza aún requiere validación del Parlamento.
¿Le corresponde o no la pensión?
El marco legal vigente señala que los expresidentes pueden recibir una pensión vitalicia siempre que no exista una acusación constitucional aprobada en su contra. Hasta ahora, Boluarte no tiene una sanción de ese tipo, por lo que su solicitud sigue en trámite. Sin embargo, especialistas advierten que el criterio aplicable cambia cuando se trata de un presidente vacado.
En una entrevista con 2025 En 24 Horas, el constitucionalista Aníbal Quiroga afirmó con claridad que Boluarte no cumple las condiciones para recibir el beneficio. “Cuando un presidente es vacado no debería tener esos beneficios”, señaló. Explicó que la normativa peruana reserva la pensión únicamente para quienes terminan el mandato de manera regular. Por eso, según dijo, la vacancia aprobada por el Congreso implica la pérdida automática de cualquier privilegio asociado al cargo.
Quiroga también precisó que Boluarte no solo estaría impedida de acceder a la pensión, sino también a otras facilidades como seguridad policial permanente, combustibles y vehículos oficiales. Todas estas prerrogativas, sostuvo, solo aplican cuando la salida del jefe de Estado ocurre dentro del marco constitucional ordinario.