La familia del expresidente Pedro Castillo expresó su rechazo a la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva impuesta por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por el delito de conspiración para la rebelión, vinculado al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Desde los exteriores del penal de Barbadillo, sus familiares calificaron la decisión judicial como injusta y aseguraron que la sentencia habría sido tomada con anterioridad, sin pruebas que la sustenten.
Irma Castillo, hermana del exmandatario, cuestionó duramente la resolución y afirmó que esta forma parte de un proceso que ha sido “consumado audiencia tras audiencia”. Según declaró para Exitosa, la actuación de los magistrados demostraría que “estos jueces han estado alineados a las mafias”, mientras insistió en que, a su juicio, no existió rebelión ni conspiración, tal como —señaló— han afirmado también juristas internacionales y abogados críticos de la causa.
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Familia denuncia falta de pruebas
La hermana del exjefe de Estado sostuvo que el fallo no responde a criterios estrictamente judiciales, sino a un proceso marcado por motivaciones políticas. Aseguró que se trató de un “juicio político” contra Castillo y que, ante ello, la familia mantiene la esperanza de obtener un pronunciamiento distinto en organismos internacionales. “La justicia no se debe politizar, pero sabemos que vamos a encontrar justicia en los entes internacionales”, afirmó.
Irma Castillo también expresó la indignación y tristeza que vive su familia tras la sentencia, señalando que aún mantenían una mínima expectativa de que Pedro Castillo pudiera recuperar su libertad. Comentó que la decisión fue especialmente dolorosa para los familiares presentes en las audiencias, quienes —según dijo— han sido testigos directos del proceso que calificó como injusto.
No descartan incursionar en política
Consultada sobre la posibilidad de que la familia Castillo ingrese a la política para enfrentar a los grupos que —según afirmaron— promovieron la vacancia y posterior condena del exmandatario, Irma Castillo respondió que esa opción aún está en evaluación. “Seguimos analizándolo, no descartamos nada todavía”, señaló para el citado medio, sin ofrecer detalles sobre eventuales decisiones o plazos.
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La hermana del expresidente reconoció que se trata de una decisión compleja para la familia, especialmente en medio del escenario judicial y emocional que atraviesan. Sin embargo, reiteró que no cierran la puerta a una participación activa como respuesta al contexto que rodea el caso.
Indignación y apelación
Por su parte, José Mercedes Castillo, hermano mayor del exmandatario, llegó a los exteriores del centro penitenciario acompañado de una caravana que pedía la liberación del expresidente. Calificó la sentencia como un acto injusto que, según indicó, “se tenía previsto desde un comienzo”, y cuestionó duramente el sistema de justicia peruano. “Indignación totalmente de que la justicia peruana es la clase de justicia que tenemos”, sostuvo para Exitosa.
Respecto a los pasos legales a seguir, José Castillo indicó que los abogados de Pedro Castillo se encuentran evaluando la posibilidad de presentar una apelación. Señaló que será el propio expresidente quien converse con su defensa para definir la estrategia jurídica. “Mi hermano ya conversará con sus abogados y de alguna manera tendrá que verse”, añadió.
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Condena contra Pedro Castillo
El Poder Judicial condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, vinculado al fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Según el adelanto de sentencia difundido esta tarde, la pena concluirá el 21 de mayo de 2034, tras descontarse el tiempo que Castillo ya cumple en prisión preventiva desde su detención. Además, el exmandatario recibió dos años de inhabilitación para ejercer cualquier función pública.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, encargada del proceso, también emitió condena contra otros exfuncionarios involucrados en los hechos. Entre ellos figuran la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez; el exjefe de asesores de la PCM, Aníbal Torres; y el exministro del Interior, Willy Huerta, quienes afrontaron cargos por su participación en el intento de quiebre del orden constitucional.
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