El abogado Eduardo Roy Gates, representante legal de la constructora Obrainsa, sostuvo que la Fiscalía cuenta con pruebas contundentes contra el expresidente Martín Vizcarra en la investigación por presunto cohecho durante la adjudicación de las obras de Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. El caso, que involucra declaraciones de colaboradores eficaces y evidencia documental como registros de pagos, comunicaciones y un correo institucional, se centra en los supuestos pagos ilícitos por parte de empresas vinculadas al llamado Club de la Construcción.
Pese a que Vizcarra afirmaba que el proceso seguido en su contra tenía una motivación política, Roy Gates negó este sea el caso pues los hechos se produjeron antes de que Vizcarra asumiera la presidencia y recordó que la investigación se originó por la declaración de Renato Ribeiro Bortoletti, exfuncionario de Odebrecht, y no por una denuncia del expresidente.
“Viendo objetivamente este caso, este no es un caso político, no tiene nada que ver con el tema de la venganza que menciono el señor Vizcarra o sus abogados (...) en una parte del juicio se ha dicho que el señor Martín Vizcarra denunció el caso Club de la Construcción. Eso es falso. El caso nace de la declaración del señor Renato Rivero Bortoletti. A partir de la declaración se crea el caso y se identifica a las empresas que participaron dentro del Club de la Construcción (...)”, aseguró el abogado a Canal N.
Además, recalcó que la información sobre los pagos ilícitos fue revisada y homologada judicialmente en los procesos de colaboración eficaz; los colaboradores eficaces, señaló, obtuvieron beneficios solo en la reducción de penas, sin exoneración total, y asumieron el pago de una reparación civil superior a S/ 80 millones, garantizada mediante fideicomisos y mecanismos exigidos por la Procuraduría.
Entre las pruebas resaltadas por la acusación figuran cheques, registros de llamadas, mensajes y un correo electrónico institucional desde la cuenta de Vizcarra solicitando el alquiler de una avioneta antes de la firma del contrato.
“Hay un primer elemento que se presentó, que es un correo electrónico del señor Martín Vizcarra, escrito por él mismo, desde su cuenta institucional, que nunca se ha negado. En este correo electrónico, el señor Martín Vizcarra le pide el alquiler de un avión a la empresa Obrainsa dos días antes de la firma del contrato. Ese fue un condicionamiento para la firma del contrato. ¿Qué hace un presidente regional (...) solicitando el alquiler de una avioneta de más de S/ 35 mil a la empresa con la cual tenía que firmar el contrato? En ese correo, el señor Martín Vizcarra lo termina diciendo: “Saludos, Martín Vizcarra””, afirmó al medio televisivo.
Vizcarra admitió pedir un vuelo en avioneta a Obrainsa
El proceso judicial involucra a Martín Vizcarra por presunto cohecho pasivo propio durante su gestión como presidente regional de Moquegua. La Fiscalía lo acusa de haber recibido pagos ilícitos, calculados en S/ 2.3 millones, a cambio de adjudicar las obras públicas de Lomas de Ilo en 2013 y el Hospital Regional de Moquegua Nivel II-2. El consorcio Obrainsa-Astaldi y la empresa ICCGSA resultaron adjudicados en ambos proyectos respectivamente.
Las investigaciones incluyen declaraciones de colaboradores eficaces, como empresarios y el exministro José Hernández, validadas por instancias judiciales. El fiscal sostiene que Vizcarra recibió un millón de soles por la adjudicación de Lomas de Ilo y 1,3 millones por el Hospital Regional de Moquegua, monto que fue entregado parcialmente mediante intermediarios vinculados a las empresas beneficiadas.
Vizcarra, durante la audiencia del 23 de octubre, admitió haber solicitado un vuelo en avioneta a Obrainsa antes de la firma del contrato, pero rechazó haber favorecido empresas en los procesos de selección y recalcó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) gestionó las licitaciones, no el Gobierno Regional. Defendió la legalidad de las gestiones administrativas durante su mandato y aseguró haber cumplido con todas las citaciones judiciales, descartando peligro procesal que justifique restricciones a su libertad.
Fallo judicial marca nueva etapa para Vizcarra
El futuro judicial y político de Martín Vizcarra quedó sellado tras la sentencia de 14 años de prisión dictada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. La resolución se centró en los presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. El Ministerio Público, a través del Equipo Especial Lava Jato, solicitó 15 años de prisión efectiva y una reparación civil superior a 4,6 millones de soles, bajo la acusación de que Vizcarra recibió 2,3 millones en sobornos de Obrainsa e ICCGSA a cambio de favorecerlas en licitaciones.
Aunque ya ha enfrentado prisión preventiva y fue inhabilitado políticamente por el Congreso, Vizcarra negó los cargos y se presentó en la audiencia con disposición a afrontar el proceso. Su defensa insistió en la falta de pruebas y en un trato desigual durante la imputación penal. El fallo definió no solo su situación penal inmediata, sino también la posibilidad de una ejecución inmediata de la sentencia, postura que fue rechazada por su defensa técnica.