La reciente decisión del gobierno peruano de aplicar pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) asignado al penal de Lurigancho ha generado debate acerca de la eficacia, alcances y limitaciones de este tipo de exámenes. La medida, contemplada dentro del estado de emergencia en Lima y Callao, busca fortalecer los mecanismos de control y confiabilidad en instituciones ligadas a la seguridad pública.
La disposición, formalizada mediante el Decreto Supremo 27-PCM, no solo alcanza al personal del Inpe, sino también a funcionarios y servidores públicos que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) considere pertinentes. La finalidad principal es dotar al Estado de herramientas adicionales para enfrentar la creciente criminalidad y la corrupción en el ámbito estatal.
¿Cómo funciona un polígrafo?
El polígrafo, conocido también como “detector de mentiras”, es un dispositivo destinado a medir varias respuestas fisiológicas, como el ritmo cardíaco, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Al realizar la prueba, la persona se conecta a sensores específicos que recogen señales a través de brazaletes neumáticos, tubos torácicos y electrodos en los dedos. Los datos obtenidos se procesan en una computadora con software especializado, encargado de generar registros gráficos y analizar variaciones fisiológicas.
Según una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en 2010, esta técnica constituye un método para diagnosticar el apartamiento consciente de la verdad en las respuestas de los evaluados. El objetivo es determinar con criterios objetivos si quien responde lo hace con veracidad, dando así sustento legal a la aplicación de esta metodología en escenarios oficiales.
Alcance operativo y antecedentes
El presidente José Jerí anunció que las Unidades de Credibilidad del Servicio de Inteligencia Nacional (SINA) serán responsables de ejecutar el proceso de evaluación de credibilidad al personal penitenciario. Está previsto realizar 73 evaluaciones por día, una cifra que demuestra la magnitud operativa y la urgencia institucional atribuida al mecanismo dentro de la política estatal contra el crimen.
El uso del polígrafo en entidades públicas no es una novedad en Perú. En 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones implementó pruebas similares para sus funcionarios y personal de confianza, como parte de una estrategia anticorrupción. En aquel entonces, la normativa estipulaba que las pruebas fueran voluntarias y que sus resultados tuvieran solo carácter referencial, sin valor vinculante en otros procedimientos administrativos.
La incorporación del polígrafo en el sistema penitenciario y en otras áreas del sector público refleja una tendencia hacia la búsqueda de nuevas herramientas para fortalecer la transparencia y la confianza institucional. Esta estrategia surge como respuesta al contexto de inseguridad y a una demanda social por medidas efectivas que garanticen la integridad en la función pública. La ejecución de la medida durante el estado de emergencia refuerza la idea de que el Estado busca respuestas inmediatas ante la delincuencia y la corrupción.