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Centro de Lima: Mineros levantan protesta y la Av. Abancay luce despejada tras ampliarse el REINFO hasta 2027

Tras días de tensión en el Congreso, el tránsito volvió a la normalidad en uno de los principales ejes del Cercado de Lima

La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó con 60 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el proyecto de ley que amplía la vigencia del registro integral de comercialización minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2027. Con esta medida, se suspenden los procedimientos de exclusión de cerca de 50 mil registros que habían sido retirados en junio de este año.

Durante la mañana de este miércoles 19 de noviembre, en los exteriores del Congreso, en la intersección de la avenida Abancay con el jirón Junín, no se observó presencia de grupos de mineros artesanales, quienes desde hace días se habían instalado en la zona. Según el reporte de RPP Noticias, el tránsito en la vía principal se desarrolló con normalidad, libre de bloqueos y desechos que habían obstaculizado la circulación en jornadas anteriores.

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Si bien no hubo una concentración visible de manifestantes, se pudo apreciar la presencia de andamios de color rojo en varios puntos de acceso, precaución tomada ante un eventual regreso de los mineros artesanales al lugar. El resguardo policial se mantiene, especialmente en los cruces de jirón Junín con jirón Áncash.

Sobre el futuro de la protesta, Máximo Franco Beca, presidente de CONFEMIN, subrayó que los mineros artesanales no se retirarán de Lima hasta que la norma sea aprobada en el pleno del Parlamento y sea remitida al despacho presidencial para su promulgación. Además, han reafirmado su compromiso de mantener e intensificar el diálogo con todas las bancadas parlamentarias para recabar el respaldo necesario en el Poder Legislativo.

Hasta el momento, la situación en las inmediaciones del Congreso permanece tranquila, pero se espera que más adelante algunos grupos de mineros puedan retornar a la zona.

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Reacciones encontradas por ampliación del Reinfo

Comisión de Energía y Minas. | Congreso

La iniciativa aprobada el último martes, en una sesión controversial, prorroga la vigencia del Reinfo e introduce la revisión del registro de más de 50.000 operadores mineros excluidos en junio por inactividad.

Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, impulsó la inclusión de excepciones que limitan la reincorporación al Reinfo, restringiéndola a quienes no tengan antecedentes penales por minería ilegal ni sanciones por operar en zonas prohibidas. “Apoyamos la reincorporación solo para quienes realmente pueden completar este proceso, sin antecedentes ni sanciones graves”, afirmó Juárez.

La ampliación del Reinfo ha provocado opiniones divididas en el ámbito político y social. Organizaciones como la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) reclamaban su aprobación, advirtiendo que lo contrario dejaría en la irregularidad a miles de mineros en proceso de formalización, mientras que el sector empresarial y diversas asociaciones mostraron un rechazo contundente.

Mediante un comunicado conjunto firmado por Adex, Comex Perú, la Sociedad Nacional de Industrias, Confiep, la Sociedad Nacional de Pesquería y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se pidió al Congreso no prorrogar el registro y promover una minería de pequeña escala realmente formal, acorde con estándares ambientales y laborales actuales. Alertaron que una ampliación del Reinfo representaría un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal y podría exponer a Perú a sanciones internacionales bajo la normativa de la Comunidad Andina (CAN).

El Reinfo fue creado para facilitar la formalización de mineros informales. Sin embargo, solo el dos por ciento de los ochenta y siete mil mineros inscritos logró completar el proceso, mientras que el setenta y ocho por ciento fue suspendido por irregularidades, evidencia, según empresarios, de su falta de eficacia como herramienta.

La Comunidad Andina ya exigió a Perú una “corrección inmediata del marco normativo”. Además, líderes indígenas —especialmente de Loreto— llevaron sus denuncias a la CAN, asegurando que el registro “sirve de escudo para operaciones ilegales que utilizan mercurio y afectan ríos y comunidades”.

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