La Contraloría detectó la entrega anticipada de S/92 millones sin las garantías exigidas y apuntó fallas en el fideicomiso. El estadio para los Bolivarianos muestra 18% de avance y presupuesto acumulado de S/422 millones.
Según el reportaje emitido en el dominical Punto Final, la obra emblemática del Gobierno Regional de Ayacucho, destinada a ser sede de los Juegos Bolivarianos, registra retrasos y cuestionamientos administrativos que derivan en una investigación fiscal y en alertas de control.
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Promesas públicas y el avance real
En 2023, el gobernador Wilfredo Oscorima aseguró que la reconstrucción estaría concluida para diciembre de 2025. Un año después, la entonces presidenta Dina Boluarte volvió a comprometer la entrega del estadio para la competencia internacional. Para noviembre de 2025, y a pocos días del inicio programado de los juegos, la obra no cumple con los elementos básicos: no hay arcos ni estructura deportiva avanzada y el progreso de ejecución alcanza únicamente el 18%.
El costo del proyecto también se modificó de forma notable. El monto proyectado escaló hasta S/422 millones, según el seguimiento del proyecto que cita el reportaje. El aumento presupuestal y el escaso porcentaje de obra encendieron las alarmas entre auditores y operadores del control estatal.
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La transferencia cuestionada: S/92 millones
El núcleo del escándalo es la transferencia de S/92 millones que el Gobierno Regional efectuó como adelanto al Consorcio Deportivo Libertad, integrado por la empresa Consultoría y Construcción Grupo Pérgola. El informe de la Contraloría señala que esos pagos se realizaron sin que se recibieran las cartas fianza que las bases del concurso exigían como garantía por los adelantos.
El consorcio solicitó sustituir las garantías bancarias por un fideicomiso, petición que la entidad aceptó, según las actas contractuales. No obstante, el esquema no se aplicó tal como estaba previsto: los desembolsos que debían llegar a la administradora fiduciaria fueron depositados directamente en una cuenta de Pérgola.
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Fideicomiso, devolución y plazos
La versión del consorcio indica que la transferencia a Pérgola ocurrió por un “error” del Gobierno Regional y que el monto fue devuelto a la entidad para ser remitido luego a la fiduciaria. La Contraloría, sin embargo, documentó demoras: una parte del dinero se trasladó a la empresa fiduciaria 28 días después del depósito inicial, lo que dejó a Pérgola con liquidez millonaria por varios días, sin intereses ni las exigencias propias de una garantía.
Esa diferencia en los plazos es un punto central para la Fiscalía, que revisará si la recepción temporal de fondos constituyó un beneficio indebido o una irregularidad susceptible de sanción penal. El informe advierte además inconsistencias en cómo se gestionó el número de cuenta receptor y la falta de registros que expliquen la operación.
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Uso indebido de régimen para Mypes y funcionarios implicados
Otra arista del expediente es la adopción del régimen para micro y pequeñas empresas (Mypes) por parte del consorcio para diferir el otorgamiento de la garantía de fiel cumplimiento. La Contraloría constató que ninguna de las firmas que integran el consorcio cumple con los requisitos para acceder a ese régimen. En particular, Pérgola reporta ante la SUNAT entre 900 y 1,000 trabajadores mensuales, una nómina incompatible con la condición de Mype.
El órgano de control puso bajo observación a 15 personas por presunta responsabilidad penal en la gestión del proyecto. Entre los nombrados figura Eduardo Huacoto Díaz, gerente general del Gobierno Regional y mano derecha de Oscorima. Huacoto Díaz y el gobernador comparten afiliación política en Alianza para el Progreso, y en el ámbito local se menciona la posibilidad de que el gerente aspire a suceder al mandatario regional.
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Hasta el cierre del reportaje, ni el gobernador ni un vocero oficial del Gobierno Regional respondieron a las solicitudes de entrevista, según registra Punto Final.
Investigación y fecha clave
La Fiscalía ha iniciado indagaciones sobre la transferencia de S/92 millones y otras irregularidades vinculadas a la reconstrucción del Complejo Deportivo Venezuela —conocido como Cumaná—. La calendarización del proceso tendrá en cuenta los plazos de devolución y los documentos contractuales que sustentaron el cambio de garantías.
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La inauguración de los Juegos Bolivarianos está prevista para el 22 de noviembre. La cercanía de esa fecha pone en tensión la capacidad de Ayacucho para cumplir funciones de sede ante la parcial ejecución de la infraestructura y los procesos de control abiertos por la Contraloría y el Ministerio Público.