Agregar Infobae enGoogle

Cárcel para quienes oculten su rostro en manifestaciones: la propuesta que busca modificar el Código Penal para “evitar disturbios”

Iniciativa impulsada por la parlamentaria Elizabeth Medina también plantea prohibir la asistencia de menores de edad y personas discapacitadas

La protesta nacional busca poner en agenda el malestar de amplios sectores que cuestionan la respuesta del Gobierno ante la crisis social, económica y de seguridad. | EFE

La congresista Elizabeth Medina Hermosilla busca modificar el Código Penal con el argumento de “evitar disturbios y facilitar la identificación de responsables en protestas sociales”. El proyecto fue ingresado el 4 de noviembre de 2025, en medio de constantes enfrentamientos durante movilizaciones en el país.

El texto legal propone reformas a los artículos 315 y 452 del Código Penal. La modificación más destacada introduce como agravante el uso de objetos o prendas que cubran el rostro en actos calificados como disturbios, lo que llevaría la pena de prisión a un mínimo de ocho y un máximo de diez años, además de aumentar la multa pecuniaria a hasta quinientos días-multa.

PUBLICIDAD

Además, aquellas personas que oculten su rostro en protestas, marchas o reuniones tumultuarias donde se produzcan disturbios enfrentarían de veinte a cuarenta jornadas de servicio comunitario o el pago de sesenta a noventa días-multa.

La norma también sanciona a quienes autoricen o lleven a menores de edad o personas con discapacidad a manifestaciones que deriven en actos violentos, ampliando el ámbito punitivo más allá de la conducta individual del manifestante. Según el proyecto, estos supuestos buscan proteger tanto a la sociedad como a personas especialmente vulnerables durante protestas.

Fuerza Popular respalda actuar de la Policía en manifestaciones del 15 de octubre - Reuters

En la exposición de motivos, la congresista argumenta que la finalidad del texto es “evitar la impunidad de quienes usan objetos o prendas que cubren el rostro, para delinquir en protestas sociales”. Sobre la protección a menores y personas con discapacidad, el proyecto advierte el riesgo que enfrentan en contextos de violencia y cita la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la manipulación de niños y niñas en situaciones potencialmente peligrosas.

PUBLICIDAD

Durante los últimos años, protestas sociales en Perú han terminado en confrontaciones con afectaciones a la integridad de civiles, agentes del orden y bienes públicos. El pasado 15 de octubre, una movilización frente al Congreso de la República derivó en disturbios con una persona fallecida, 17 detenidos y 120 personas heridas, contabilizando tanto civiles como policías.

¿En qué países ya está prohibido ocultar el rostro?

El enfoque de la iniciativa incluye referencias a legislación extranjera para fundamentar la posible viabilidad de la medida. En países como Chile, luego de las protestas de 2019, se aprobó una ley que tipifica el ocultamiento de identidad como delito durante manifestaciones, basándose en el incremento de hechos violentos cometidos por encapuchados.

Legislaciones similares existen en Estados Unidos y Canadá, donde se aplican penas que pueden alcanzar hasta diez años de reclusión para quienes cubren su rostro en situaciones de disturbio. En Alemania y varios países de Europa occidental, leyes establecen multas o privación de libertad de hasta un año por estas conductas.

El análisis constitucional en la exposición de motivos enfatiza que el derecho de protesta social está reconocido por la Constitución Política del Perú, que garantiza tanto la libertad de expresión como el derecho de reunión pacífica. Sin embargo, el proyecto sostiene que estos derechos no son absolutos y que las reuniones pierden protección constitucional cuando derivan en violencia o afectan a terceros.

El actual Código Penal ya contempla el delito de “disturbios” y prevé agravantes relacionados con la violencia y el uso de símbolos oficiales, aunque no incorpora el uso de prendas para ocultar el rostro ni la manipulación de menores o personas con discapacidades como circunstancias agravantes.

La propuesta legislativa abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el balance entre derechos individuales y orden público en el contexto peruano. La tramitación de este proyecto en el Congreso de la República será observada de cerca, dado el impacto potencial sobre las dinámicas de protesta, la protección de grupos vulnerables y el ejercicio de derechos constitucionales en el país.

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Dado” de piedra hallado en Amazonas podría estar vinculado con la pishca, un antiguo objeto andino asociado al juego y rituales

El objeto fue recuperado durante excavaciones en el sitio arqueológico de Ollape. Está elaborado en piedra arenisca, tiene forma prismática alargada e incisiones horizontales

Silvana Robles al ministro de Educación: “Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es ideología”

La legisladora cuestionó al Gobierno por la actualización del currículo y pidió priorizar las brechas de aprendizaje, la educación intercultural bilingüe y las carencias de las escuelas del país

Machu Picchu: conoce el nuevo sistema de compra de entradas sin reserva y el plazo de 15 minutos

Una auditoría del Ministerio de Cultura detectó que muchas reservas se anulaban sin concretar el pago, lo que motivó el cambio en la plataforma oficial

Matías Succar avisa potencial de Montevideo City en revancha de Cienciano por Copa Sudamericana 2026: “Es el que mejor juega en Uruguay”

El delantero enmascarado del ‘papá’ advierte que la revancha por cuartos de final tendrá sus dificultades. “Va a ser complicado, además, jugar en un estadio histórico como el Centenario”, declaró

Secuestro de Jenss Lara destapa red de contratos públicos por más de S/11 millones vinculada a Pataz

Una de las víctimas del ataque, quien trabajaba como seguridad de Jenss Lara, figuraba además como representante legal de un consorcio que obtuvo una consultoría de obra pública por S/354 mil. El caso expone posibles conexiones entre minería, contratación pública y política local, mientras especialistas plantean revisar si existieron direccionamientos o simulación de procesos de selección