La ex congresista Tania Pariona Tarqui, actual secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, envió una carta a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público en la que exige anular la reciente designación de Gálvez Villegas como fiscal de la Nación interino.
El documento, al que accedió Infobae Perú, sostiene que el nombramiento afecta los principios constitucionales de independencia y transparencia. Además, hace referencia a la decisión de Gálvez de remover de su cargo a la fiscal Elena Carolina Delgado, quien lideraba la Fiscalía Suprema encargada que investigan el caso Cuellos Blancos en el que él está involucrado.
Pariona argumenta que la designación de Gálvez como fiscal de la Nación interino carece de validez legal y constitucional, pues afirma que no cumple con la exigencia de “ser y parecer independiente”, según la Ley de la Carrera Fiscal y la Constitución Política del Perú; y se destaca que es “un actor político” por su afiliación al partido Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, a la que tuvo que renunciar para ser repuesto como fiscal.
“(...) El abogado Gálvez Villegas, luego de su destitución, se inscribió en un partido político y tuvo voceada postulación para la Presidencia de la República, una condición política real que la sentencia del Tribunal Constitucional no tuvo en cuenta y que no desaparece con la decisión de eliminar el proceso por el cual fue destituido”, se lee en el texto.
El texto también sostiene que la Junta Nacional de Justicia, al restituir a Gálvez en el cargo de fiscal supremo, omitió evaluar su perfil y la apariencia de independencia, lo que constituye, según Pariona, un vicio de nulidad en el acto.
Tomás Gálvez habría interfirió en el caso Cuellos Blancos
Según Pariona, la remoción contradijo el estándar supranacional fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Casa Nina vs. Perú”, pues excluyó a fiscales provisionales sin razones objetivas. La carta advierte que esta interferencia compromete la independencia del Ministerio Público, el deber de persecución del delito y el derecho de las víctimas de corrupción al acceso a la justicia.
El documento también menciona que las destituciones se concretaron cuando las fiscales preparaban la acusación principal del expediente del caso Cuellos Blancos.
Pariona advierte que la remoción de fiscales debilita la lucha contra la corrupción y socava la confianza ciudadana en el Ministerio Público. Se recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido el tema y ha exhortado al Estado a garantizar investigaciones eficaces y la protección de los fiscales a cargo de casos emblemáticos.
El siguiente objetivo: los equipos especiales
Infobae Perú ya reportó previamente que Tomás Gálvez tiene una marcada oposición por las actividades de los equipos especiales. Cuando era fiscal supremo antes de ser destituido por la JNJ, cuando estuvo fuera del Ministerio Público y ahora que ha regresado al cargo por una sentencia del Tribunal Constitucional. Ha sido constante en ello.
El nuevo objetivo de Gálvez en su interinato es acabar con los equipos especiales, como de Lava Jato, contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y de Los Cuellos Blancos del Puerto.
A fines de setiembre ya había manifestado su intención de hacerlo, pero no fue hasta esta semana que la oficializó ante la Junta de Fiscales Supremos. Trascendió que el viernes se iba a tomar una decisión, pero no se concretó. La nueva fecha fijada es la sesión de esta mañana.