La posibilidad de que el Estado peruano niegue el salvoconducto a Betssy Chávez tomó relevancia tras la solicitud de asilo político de la ex primera ministra, presentada a la Embajada de México. Chávez, investigada por presunta rebelión en el marco del fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, permanece en la residencia diplomática desde la víspera.
El exministro de Relaciones Exteriores Javier Gonzáles Olaechea señaló en declaraciones a Canal N que “ningún vehículo no puede subir a un avión” sin autorización expresa del Estado peruano y que todo traslado requeriría un salvoconducto. “En el momento que baja de un automóvil con placa diplomática, que está protegido de acuerdo a la Convención de Viena, en ese momento se interviene a la señora Chávez y se la vuelve. Y ahí sí, yo creo que la prisión preventiva va a regresar al estatus del cual nunca debió salir”, sostuvo el excanciller.
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Durante la entrevista se aclaró que el llamado “plazo perentorio” para que la exministra de Pedro Castillo abandone territorio peruano en caso de obtener asilo suele limitarse a dos o tres días, aunque sin el salvoconducto, la salida resulta inviable. Gonzáles Olaechea subrayó que tanto el permiso de embarque en avión como la protección diplomática dependen de la voluntad soberana del Perú, quien puede negar el salvoconducto y bloquear el traslado.
El escenario legal que afrontará Betssy Chávez
El abogado penalista César Nakazaki explicó a al citado medio las implicancias jurídicas de la ausencia de Betssy Chávez a las audiencias judiciales y el efecto de la negativa estatal al salvoconducto. Nakazaki afirmó: “El Perú, negando el salvoconducto, se va a quedar encerrada ahí en la casa eternamente y no va a poder salir”. Según el abogado, el código procesal permite a la sala declarar contumaz a la acusada, ordenar prisión preventiva y, eventualmente, dictar sentencia en ausencia de la procesada.
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Nakazaki indicó que, al evidenciarse el intento de obtener asilo y no comparecer a las audiencias, la Justicia peruana puede avanzar en el juicio incluso sin la presencia física de Chávez. “El hecho de que ella no concurra no impide que continúe el juicio y que incluso se dicte sentencia, incluida ella también”, explicó. Añadió que la defensa de Chávez ha optado por una estrategia política, alejándose de la defensa técnica y favoreciendo argumentos de persecución ideológica.
El especialista también puntualizó que la acusación inicial por rebelión se viene desinflando y la sala ha considerado la alternativa de “conspiración para rebelión”. Sin embargo, la situación procesal de Chávez se vería comprometida por la negativa del Estado peruano a autorizar su salida, confinándola a la sede diplomática y reactivando un pedido de prisión preventiva.
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Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores sostienen que el Estado mantiene la potestad final sobre la concesión o no del salvoconducto, incluso si la embajada concede formalmente el asilo. El traslado fuera del país requiere del permiso estatal, tanto para abordar vuelos como para cualquier desplazamiento protegido por prerrogativas diplomáticas.
La situación de Betssy Chávez seguirá concentrando la atención política y judicial en los próximos días, mientras la justicia peruana avanza en el proceso y el Ejecutivo define si concede o rechaza formalmente el salvoconducto reclamada por la ex primera ministra.
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