El 65% de los aportantes a la campaña de Ciro Castillo para la gobernación regional del Callao accedió a contratos y servicios públicos en la entidad a partir de enero de 2023. El mecanismo abarcó a particulares y empresas que, tras su contribución, recibieron pagos por sumas significativamente superiores al monto donado.
Entre los casos registrados figura Transpoeco SAC, empresa dirigida por Jorge Quispe. Antes de la campaña, la compañía permanecía sin registros de relación contractual con entidades estatales. La situación cambió posteriormente, cuando fue adjudicada con un contrato de más de 129 mil soles en la actual gestión regional. Un patrón similar surgió con Mattco Soluciones, que aportó insumos logísticos como globos y llaveros para la campaña. La empresa consiguió contratos públicos por un importe acumulado superior a 442 mil soles desde el inicio de la administración de Castillo.
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El análisis de los expedientes revela que varios aportantes contribuyeron con sumas oscilantes entre 1.200 y 6.500 soles. Pese a la limitación de sus aportes, posteriormente lograron contratos que superaron los 100 mil soles con la entidad regional. Entre ellos figura Walter Tincopa, quien aparece en registros como aportante, aunque negó toda vinculación; pese a ello, rubricó órdenes de servicio con la administración de Castillo por sumas mayores a 100 mil soles.
La revisión de los nombramientos reveló coincidencias dentro de grupos familiares, como la familia Salluca. Al menos cuatro integrantes realizaron aportes y, tras la campaña, recibieron contratos de trabajo individuales. El global abonado por estos servicios superó los 200 mil soles en la actual gestión.
Algunos de los beneficiarios admitieron en reserva que respaldaron la campaña con la expectativa de ser contratados por el Gobierno Regional del Callao. “Se dijo que quienes colaboraran podrían obtener un contrato”, relató uno de los participantes, solicitando anonimato a Cuarto Poder. Otros consultados rechazaron cualquier vínculo, pese a que sus identidades constan en los registros oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
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La especialista en derecho público Cecilia Ruiz advirtió que el hecho de registrar contratos tras realizar donaciones puede configurar un patrón de direccionamiento indebido en la administración regional. “No se trata solo de un conflicto de intereses, sino de posibles delitos contra la administración pública”, señaló la abogada. Ruiz explicó que recibir contratos después de realizar aportes no constituye un delito por sí solo, pero requiere una revisión estricta de los procedimientos de selección y adjudicación que efectuó la gestión.
La sucesión de adjudicaciones, así como los vínculos entre aportantes y beneficiarios de contratos, abrió debate sobre la transparencia y legalidad de la asignación de recursos en el Gobierno Regional del Callao bajo el liderazgo de Ciro Castillo.
Cuestionado gobernador
Audios y videos recientes han colocado al gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, en el centro de un escándalo político. Imágenes de una cámara de seguridad exhibieron a Castillo en gestos de afecto con su asistente, Elvira Madalengoitia Cajal, lo que dio pie a la difusión de audios que revelan la influencia de Madalengoitia sobre las decisiones del gobernador. En estos registros, Madalengoitia relata abiertamente su cercanía con la autoridad regional y señala que le enseñó a usar su poder para intervenir en procedimientos administrativos, mencionando: “El tío ya sabe el poder que tiene, porque yo le enseñé. Por eso sabe que con un telefonazo puede hacer lo que le da la gana”.
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La asistente ingresó al Gobierno Regional del Callao (GORE) como técnica administrativa en enero de 2023 y, posteriormente, fue ascendida a asistente administrativa en el despacho de Castillo, con un aumento de sueldo. Diversas declaraciones sugieren que el ascenso respondió más a su relación personal con el gobernador que a su experiencia profesional.
Madalengoitia reconoció, en conversaciones privadas, haber acompañando a Castillo en múltiples reuniones y escuchar conversaciones delicadas que podrían comprometer incluso al propio gobernador. Otro audio cita a Madalengoitia explicando su influencia y la estrategia de cercanía con Castillo.
Frente a las repercusiones, Ciro Castillo negó públicamente mantener una relación sentimental, calificando el video como un asunto privado. Paralelamente, el exconsejero regional Roberto Fernández denunció que Madalengoitia sería quien realmente dirige las decisiones en el GORE y pidió la suspensión del gobernador, avivando la crisis institucional que atraviesa la región.
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